La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, ha hecho una grave acusación a la Comisión Europea, alegando que esta ha ocultado informes cruciales sobre la evaluación de riesgos en materia de derechos humanos antes de formalizar el controversial acuerdo con Túnez. Este pacto, que implica una inversión de 1.000 millones de euros, tiene el objetivo de controlar los flujos migratorios y prevenir que embarcaciones zarpan hacia Europa desde las costas tunecinas.

La investigación de O'Reilly indica que el acuerdo incluye 150 millones de euros como ayuda directa sin condiciones y otros 150 millones destinados a mejorar las fronteras tunecinas, una medida que ha suscitado serias preocupaciones sobre el trato a los migrantes. La Defensora ha instado al gobierno europeo a que revele el análisis sobre la situación de los derechos humanos, que debió ser realizado antes de rubricar el acuerdo, así como los criterios especificados que podrían llevar a la suspensión de financiación si se producen violaciones.

La Comisión Europea, en respuesta a estas afirmaciones, ha defendido que contaba con suficiente información proveniente de su delegación en Túnez y de sus interacciones con autoridades locales y la sociedad civil. Sin embargo, O'Reilly condena esta falta de una evaluación previa como un error grave que podía haber prevenido futuras violaciones de derechos humanos.

“Un análisis previo del impacto en derechos humanos era esencial antes de cerrar el acuerdo con Túnez para establecer medidas que limiten violaciones”, explicó O'Reilly. También enfatizó que se debe mantener un mecanismo para que se puedan reportar violaciones de derechos humanos durante la implementación de proyectos financiados por la UE en Túnez.

Este acuerdo se firmó a inicios de 2023, a pesar de las advertencias sobre la grave situación de derechos humanos en Túnez, especialmente la persecución de migrantes subsaharianos. Informes de Human Rights Watch han documentado deportaciones ilegales de migrantes subsaharianos a zonas desérticas sin acceso a alimentos o agua, así como arrestos arbitrarios y abusos durante el proceso.

En el contexto de la presión política, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha tratado de justificar el acuerdo afirmando que las llegadas irregulares desde Túnez se han reducido significativamente gracias a la intervención de la UE. Sin embargo, esto ha generado una fuerte controversia, ya que muchas organizaciones de derechos humanos ven esto como una complicidad con un régimen que no respeta los derechos fundamentales.

La respuesta de la Comisión Europea a las preocupaciones planteadas por O'Reilly ha sido timorata, asegurando que ‘tomará nota’ de las recomendaciones y que está comprometida a mejorar la transparencia. Según datos oficiales, la UE ha movilizado casi 1.700 millones de euros para Túnez, lo que ha llevado a críticas intensificadas sobre la forma en que estos fondos pueden estar siendo utilizados, especialmente en contextos de violaciones de derechos.

Mientras que Europe se enfrenta a una dura crítica por su papel en la crisis migratoria, la Defensora del Pueblo pide una mayor rendición de cuentas y claridad sobre cómo se gestionan los fondos de la UE en países como Túnez. Este desarrollo plantea interrogantes urgentes sobre la ética de las políticas migratorias y la responsabilidad de Europa en la protección de los derechos humanos en su frontera sur.