España ha enfrentado una dura derrota legal que podría cambiar el rumbo de su política energética. El 26 de septiembre, un tribunal federal estadounidense ha dado luz verde a la ejecución de un laudo arbitral favorable a la empresa japonesa JGC Corporation. Esta decisión se debe a la controvertida eliminación retroactiva de las primas otorgadas por el gobierno de Rodríguez Zapatero a las energías renovables, lo que ha desencadenado una serie de reacciones tanto a nivel económico como político.

El conflicto se origina en 2010, cuando se introdujeron cambios regulatorios que, según un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), violaron las garantías legales que España se comprometió a respetar al firmar el Tratado de la Carta de la Energía. A pesar de que los cambios se dieron entre 2010 y 2014 bajo los gobiernos del PSOE y el PP, la situación ha continuado arrastrándose hasta la actualidad, acumulando tensiones diplomáticas.

En el laudo, se determinó que JGC tiene derecho a recibir una compensación de 23,51 millones de euros, además de intereses y el reembolso de costos legales. A pesar de los intentos del gobierno de Pedro Sánchez por evitar el pago, JGC ha decidido llevar el asunto a los tribunales para hacer valer su derecho.

La decisión del CIADI, ahora respaldada por la Corte de Distrito de EE.UU., ha desestimado los argumentos de España sobre la falta de jurisdicción y la supuesta incompatibilidad con la normativa de la UE. Esto se traduce en que el laudo y sus consecuencias se reconocerán y ejecutarán en territorio estadounidense, estableciendo un precedente que podría llevar a futuros embargos de activos españoles en Estados Unidos.

Esta situación no solo pone en jaque las finanzas del gobierno español, sino que también pone de relieve la creciente preocupación de inversores internacionales sobre la seguridad jurídica en España. Con el telón de fondo de crisis energética y la transición hacia energías más sostenibles, el desafío es mayor que nunca.

Además, el escándalo de los impagos se ha intensificado con la reciente noticia de que la participación de AENA en el aeropuerto de Luton ha sido embargada por deudas relacionadas con las energías renovables. A medida que la presión internacional aumenta, muchos se preguntan: ¿Qué medidas tomará España para solucionar esta crisis y recuperar la confianza de los inversores?