La Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido reabrir el caso contra Alvise Pérez, un eurodiputado conocido por sus polémicas, después de que publicara una fotografía de la hija del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El tribunal tomó esta decisión en un auto fechado el 9 de septiembre, estimando parcialmente un recurso presentado por la Fiscalía de Sevilla, quien había apelado el archivo del caso aprobado anteriormente por un juez de instrucción el pasado 27 de mayo de 2024. Esta reactivación del caso ha causado un gran revuelo mediático y político, tal como ha confirmado ABC mediante fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La controversia comenzó cuando el fiscal jefe de Sevilla, Luis Pérez Fernández, expuso en su denuncia que Alvise Pérez, a través de su canal en redes sociales con 326.000 suscriptores, había difundido la imagen de A. S. G., la hija de Sánchez, generando comentarios de carácter sexual y vejatorios. Esto provocó una oleada de críticas hacia su comportamiento, sugiriendo que la acción era un claro intento de ataque personal hacia el mandatario del PSOE.

Críticas adicionales surgieron por la elección educativa de la hija de Sánchez, quien supuestamente estudia en un colegio privado en Inglaterra. Pérez acompañó la imagen con un mensaje que cuestionaba la hipocresía de los socialistas, sugiriendo que, a pesar de sus ideales, su familia accede a educación elitista y vuelos privados. Esto plantea un interesante debate sobre los privilegios de los políticos y la percepción pública que tienen.

El caso se complica al señalar la Fiscalía que la fotografía fue extraída de la cuenta privada de Instagram de la hija de Sánchez, a la cual, evidentemente, no debería tener acceso el público general. El Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla había decidido archivar la causa, aunque la Audiencia argumenta que hay suficientes indicios de posible vulneración de la intimidad y los derechos de la menor, aspecto que ha disparado la alarma sobre la ética en el uso de las redes sociales.

La Sección Séptima de la Audiencia sostiene que, a pesar de que la imagen fue eliminada casi de inmediato, el hecho de que fuera vista por miles de personas en ese breve lapso de tiempo es revelador. Esto se complica aún más al analizar cómo Alvise Pérez adquirió la imagen, insinuando una posible invasión a la privacidad que debería ser investigada a fondo.

La Audiencia, además, no comparte la visión del juzgado inicial, que argumentó que la rectificación inmediata de Pérez y la naturaleza pública de la imagen mitigaban su responsabilidad. El caso vuelve a estar en el centro del debate social, donde se combina la política, la ética y el ámbito digital, instando a una reflexión sobre la protección de menores en el era de la información.