Dieciocho taxistas han sido arrestados en la impactante operación Aertase, que pone al descubierto la 'mafia del taxi' en Sevilla. Tras pasar la noche en detention, todos han quedado en libertad con cargos. El juez de guardia ha impuesto una estricta orden de alejamiento de 500 metros del aeropuerto de San Pablo de Sevilla. Esta prohibición es una medida temporal mientras continúan las investigaciones en torno a las serias acusaciones de amenazas, coacciones y pertenencia a una organización criminal.

La Fiscalía había solicitado un alejamiento aún mayor, de cinco kilómetros, evidenciando la gravedad de los hechos que se están investigando. Este grupo no solo incluye a taxistas, sino que también abarca a toda la junta directiva de la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi, lo que indica la magnitud de la red involucrada. Como parte de las condiciones de su libertad, los acusados deberán presentarse ante el juez cada 15 días, y cualquier incumplimiento podría llevar a restricciones más severas.

La operación también ha tenido un fuerte impacto en las calles de Sevilla, con un aumento significativo de la presencia policial en las inmediaciones de los juzgados y el aeropuerto. Familiares de los detenidos se han congregado para mostrar su apoyo, aplaudiendo a sus seres queridos al salir del juzgado, lo que ha generado un ambiente de tensión y emoción.

Antonio Velarde, el presidente de la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi, es uno de los nombres más destacados entre los detenidos. La situación se complica aún más con la detención de la hija del líder del grupo del aeropuerto, lo que pone en evidencia una posible estructura familiar en la operación. Las investigaciones, que comenzaron a mediados del año pasado, han revelado hasta 35 implicados en total, incluyendo 17 personas que están bajo investigación pero no han sido arrestadas.

Esta no es la primera vez que la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi se enfrenta a acusaciones graves. Anteriormente, el Juzgado de Instrucción n.º 8 de Sevilla procesó a 27 taxistas por delitos similares, aunque esa causa fue finalmente archivada por falta de pruebas. La Audiencia de Sevilla determinó que los plazos de instrucción habían caducado, dejando sin efecto los cargos.

El escándalo ha enviado ondas de choque a través of the Sevilla, revelando un lado oscuro del servicio de taxis y planteando preguntas urgentes sobre la regulación y la vigilancia en esta industria. Mientras las autoridades continúan su investigación, la situación genera preocupación tanto entre los taxistas que operan legalmente en Sevilla como entre los usuarios que dependen del servicio. Este desarrollo ha abierto un amplio debate sobre la necesidad de una regulación más estricta y sobre cómo evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.