La tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial ha alcanzado niveles sin precedentes tras la reciente imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una investigación relacionada con la filtración de correos que involucran a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ante este ataque a la figura del fiscal, el Ejecutivo ha elevado su tono de defensa. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha mostrado su "absoluta confianza" en García Ortiz y ha rechazado cualquier insinuación sobre una posible dimisión, afirmando que "no hay pruebas concretas" en su contra.

Alegría ha criticado abiertamente la decisión del juez Ángel Hurtado de citar al fiscal general como investigado, lo que ha provocado un eco de los enfrentamientos pasados entre el Gobierno y el sistema judicial, especialmente en el caso del juez Peinado. “No compartimos la decisión sobre la imputación del fiscal general”, subrayó Alegría, dejando claro su apoyo incondicional.

Además, el Gobierno ha intentado reorientar el debate hacia el tema original de la investigación: los presuntos delitos fiscales atribuibles a la pareja de Díaz Ayuso. En este sentido, han señalado que ya ha pasado casi un año desde que se cometieron esos delitos fiscales, y aún no han obtenido respuestas satisfactorias en ese ámbito, comparando su proceso con el del fiscal general.

Alegría no se ha detenido ahí y ha lanzado una ofensiva contra Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, a quien acusa de propagar "bulos y mentiras" para proteger a la presidenta y su pareja. En un tono cada vez más exaltado, la portavoz del Gobierno se ha defendido de las insinuaciones del juez Hurtado, quien ha vinculado la filtración de información fiscal con una acción deliberada desde la Presidencia del Gobierno, sugiriendo que hubo una intención política detrás de su difusión.

"El mismo correo que circuló desde la Fiscalía General hacia la Presidencia, terminó en medios como El Plural.com", indicó el magistrado, lo que desató una reacción vehemente por parte de Alegría, quien descalificó tales afirmaciones como "elucubraciones". "En un estado de derecho, necesitamos basarnos en pruebas y aquí no las hay", concluyó, dejando asomarse la pregunta: ¿Qué revelaciones más sorprenderadoras podrían salir a la luz en esta disputa? La saga judicial y política continúa, y los ciudadanos observan atentos mientras el escándalo se intensifica.