Recientemente, la comisaría de la Policía Nacional en Mahón fue escenario de un ataque sin precedentes donde miembros del colectivo radical Arran lanzaron objetos como huevos y pintura contra sus instalaciones, además de dejar amenazas explícitas: "No dormirás tranquilo". Este ataque está dirigido al agente infiltrado que se había introducido en el grupo entre 2020 y 2022, revelando así la tensión creciente en torno a la infiltración policial en movimientos independentistas.

El ataque se produce pocos días después de la transmisión del controvertido documental "Infiltrats" en TV3, donde se expusieron detalles sobre las operaciones de vigilancia de la Policía, que fueron filtrados por el medio digital La Directa, asociado a la CUP. Este reportaje ha reactivado las quejas del movimiento independentista catalán, que ve la infiltración de agentes como una violación de sus derechos.

Arran, la organización juvenil de la Izquierda Independentista, no solo ha reivindicado el ataque, sino que ha compartido en redes sociales imágenes del mismo, insistiendo en que los infiltrados no vivirán en paz en los Països Catalans. Además, han catalogado la infiltración de estos agentes como una forma de "tortura" política, argumentando que constituye un grave recorte a las libertades.

La respuesta de la Policía Nacional fue rápida y efectiva; lograron detener a algunos de los responsables del ataque mientras intentaban huir del lugar. Estos fueron identificados y se enfrentan a sanciones que podrían superar los 500 euros, aunque las investigaciones siguen en curso y no se descartan más arrestos.

En el centro de esta tormenta se encuentra Marc Hernández, el agente nacido en Menorca cuya infiltración en el movimiento independentista ha encendido aún más la tensión. Hernández fue parte de un operativo más amplio destinado a investigar la organización, que algunos consideran una potencial amenaza para la estabilidad en Cataluña y en todo el país.

El escándalo se ha intensificado debido a las acusaciones de que los agentes habrían mantenido relaciones "sexoafectivas" con activistas. Aunque se intentó judicializar el caso como un delito de violación, la Fiscalía consideró que no hubo delito sexual, lo que ha levantado aún más protestas entre los grupos independentistas.

Los partidos políticos Junts, ERC, la CUP y los Comunes han exigido una comparecencia del ministro del Interior en el Congreso, cuestionando la ética de las operaciones de infiltración. El ministro ha defendido la necesidad de mantener en secreto estas acciones para garantizar la seguridad pública.

A su vez, el sindicato policial Jupol ha manifestado su apoyo a los funcionarios en Mahón, considerando el ataque como un atropello a las fuerzas del orden. Por otro lado, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha denunciado estos actos como "cobardes", amparados en el anonimato. La situación refleja un clima de creciente polarización en la región, donde el conflicto entre los derechos individuales y la seguridad pública continúa intensificándose.