¡La justicia puede estar más cerca! La Fiscalía ha llamado a declarar a decenas de familiares de aquellos que fallecieron en residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de COVID-19. Esta acción es parte de una denuncia colectiva presentada el pasado mes de octubre, donde se sostiene que hubo un delito continuado de denegación de atención sanitaria por motivos discriminatorios. Las primeras declaraciones de los denunciantes se llevarán a cabo este miércoles 8 de enero.

Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia han emitido un comunicado conjunto valorando positivamente la decisión de la Fiscalía. Sin embargo, han advertido sobre la urgencia de actuar para evitar que los delitos denunciados prescriban, lo que ocurriría a partir de la segunda quincena de marzo, cinco años después de los hechos.

Estos grupos han solicitado a la Fiscalía que judicialice la denuncia tan pronto como se tomen las declaraciones, subrayando que ya han presentado una abundante prueba documental que respalda la acusación de discriminación.

Más de 100 denunciantes se unieron a esta causa, que fue presentada ante la Fiscalía Superior de Madrid el 10 de octubre. Un total de 109 familiares de 115 personas que vivían en residencias en marzo de 2020 han denunciado la situación, indicando que de dichas 115 personas, 111 fallecieron.

Las fiscalías territoriales de la región han acordado abrir investigaciones para cada uno de los denunciantes, resultando en un total de 109 diligencias de investigación. La denuncia apunta a 29 personas, incluidos los directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño durante la pandemia, quienes son señalados por haber firmado protocolos que impidieron el traslado de residentes a hospitales.

Los denunciantes han expuesto la grave discriminación que padecieron sus familiares por no recibir atención médica adecuada en las residencias, así como por la negativa a trasladar a los residentes a hospitales. Además, mencionan restricciones adicionales en el acceso a hospitales privados y el uso de instalaciones como el recinto de Ifema y hoteles medicalizados.

A pesar de esta situación, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha reiterado su postura de que hasta la fecha, todos los casos relacionados han sido archivados, sugiriendo que hay un uso partidista de la situación, tal como lo expresó la Consejera Ana Dávila el pasado octubre. Sin embargo, la situación está lejos de cerrarse. Los familiares de las víctimas esperan que esta vez se haga justicia.