El Ayuntamiento de Madrid ha revelado este jueves su ambicioso pero controvertido "Plan Reside Madrid" con el objetivo de regular la oferta de pisos turísticos en la ciudad. Actualmente, se estima que 15.000 de estos alojamientos operan sin licencia, lo que ha generado una gran preocupación entre los residentes y las autoridades.

La implementación de este plan comenzará en diciembre y se espera que se apruebe definitivamente para el próximo verano. Se aplicará en dos áreas distintas: el centro histórico y el resto de la ciudad. En el centro, que incluye barrios icónicos como Chamberí, Salamanca y Retiro, los pisos de uso turístico (VUT) estarán totalmente prohibidos en edificios residenciales. Sin embargo, se permitirá su operación en edificios enteros que no tengan carácter residencial, como oficinas. Además, se contemplará la opción de que edificios catalogados en mal estado sean reformados y destinados a VUT por un periodo limitado de 15 años, lo que ha suscitado la indignación de muchos vecinos que temen la gentrificación de sus barrios.

Fuera del centro, la situación no mejora mucho para los propietarios de VUT, ya que habrá restricciones similares, permitiéndose únicamente en edificios que cuenten con acceso independiente para sus inquilinos, y siempre que no se sitúen en ejes comerciales importantes. Esta medida busca separar claramente los usos residenciales de los turísticos y mitigar la crisis de vivienda que afecta a Madrid, donde muchas familias jóvenes se encuentran incapaces de acceder a una vivienda adecuada.

Con el objetivo de aumentar la oferta residencial, el Ayuntamiento también permitirá la transformación de 215 edificios de uso dotacional en viviendas de alquiler asequible o colivings. Además, se fomentará la conversión de edificios terciarios en viviendas mediante incentivos, aunque estos no necesariamente tendrán que ser de precios asequibles, lo que ha generado críticas por favorecer a desarrolladores en detrimento de los vecinos.

El anuncio ha resultado en un fuerte rechazo por parte de los partidos de izquierdas, quienes acusan al alcalde Almeida de dar rienda suelta a la especulación inmobiliaria. "Este plan es una carta blanca que solo beneficiará a inversores y dejará a los vecinos en la calle", afirma Rita Maestre. Los socialistas comparten esta opinión, advirtiendo que el plan podría provocar la expulsión de muchos residentes de sus barrios.

En cuanto a las sanciones, el Ayuntamiento ha informado que las multas por operar sin licencia pueden alcanzar los 30.000 euros. Actualmente, solo el 7% de los pisos turísticos en la capital son legales, ya que de los 16.100 registrados, únicamente 1.131 tienen licencia. A pesar de la moratoria y posibles sanciones, algunos propietarios parecen desoír las advertencias, ya que desde abril han crecido los anuncios de apartamentos en plataformas como Airbnb, lo que indica que la situación continúa siendo problemática.

La controversia en torno al plan de Almeida pone de manifiesto un conflicto profundo en Madrid: la necesidad de regular el turismo y proteger el derecho a la vivienda, frente a la creciente presión del mercado inmobiliario. ¿Logrará el Ayuntamiento encontrar un equilibrio, o veremos más problemas en el horizonte? ¡El futuro de la vivienda en Madrid está más incierto que nunca!