La pareja de Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, ha presentado un escrito explosivo en el Tribunal Supremo donde exige que se obtenga el registro de llamadas de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien está actualmente imputada por revelación de secretos, y de Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

La situación es insólita, ya que Rodríguez ha sido vinculada a un escándalo de filtraciones de información confidencial, y la defensa del empresario Alberto González Amador ha pedido la imputación de Villafañe, pero el juez aún no ha tomado una decisión al respecto.

El abogado de la pareja de Ayuso ha argumentado que acceder a los registros de llamadas y a la geolocalización de ambos fiscales es fundamental para avanzar en la investigación sobre quién filtró el expediente tributario de su cliente. El letrado ha solicitado al magistrado Ángel Hurtado, encargado de la causa, que se requieran a las operadoras telefónicas -Movistar, Vodafone, Orange y Grupo Más Móvil- datos desde el 6 hasta el 14 de marzo de 2024, para analizar cualquier comunicación que haya podido ocurrir durante ese periodo.

Este incierto contexto se complica aún más tras los testimonios de diversos testigos que afirman haber tenido acceso a la información tributaria de la pareja de Ayuso el mismo 6 de marzo, lo que podría revelar conexiones inexploradas en este entramado jurídico.

En otro giro sorprendente de los acontecimientos, durante una reciente entrada y registro en el despacho de Rodríguez, los agentes de la UCO encontraron una agenda con un post-it que contenía la anotación "Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernández". Se ha indicado que tal nota era un intento de involucrar a los fiscales en el caso de un restaurante asociado a una tragedia reciente.

No obstante, la acusación particular resalta que el auto de incoación de diligencias previas contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es del 16 de abril de 2024. Por lo tanto, argumentan que durante los días 11, 12 y 13 de marzo no podría haber un fiscal que se ocupase del procedimiento, poniendo en entredicho las afirmaciones de Pilar Rodríguez y sugiriendo que podrían ser falsas.

Dado el aluvión de desvelos y la red de relaciones que surgen de esta trama, se solicita que el Supremo requiera a la Fiscalía Provincial de Madrid información sobre la fecha de designación del fiscal que se encargó del caso de Begoña Gómez, así como copias de documentos clave relacionados. Este escándalo sigue desarrollándose y promete más sorpresas en el horizonte.