Las Cortes de Castilla y León han vivido un nuevo y polémico episodio este miércoles, cuando se dio luz verde a la terna propuesta por el Partido Popular (PP) para ocupar una vacante de magistrado en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). Esto se produjo a pesar de que solo los 31 procuradores del PP votaron a favor, mientras que 35 representantes de la oposición se manifestaron en contra.

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, respaldado por el letrado mayor del Parlamento, argumentó que al ser la única terna presentada, no era necesaria una mayoría de la Cámara para su aprobación.

Sin embargo, esta justificación ha sido rechazada por los demás grupos políticos, que consideraron que la decisión carece de legitimidad. Esta votación tuvo lugar en un clima tenso, especialmente porque Vox decidió ausentarse en señal de protesta contra lo que consideran un abuso en el reparto de las instituciones públicas.

La interpretación del PP sobre la ley, que sostiene que para la aprobación de esta terna no es necesaria una mayoría absoluta, pues basta con tener más apoyos que otra propuesta que no se registró, ha generado un fuerte debate. En el fondo, la ausencia de una alternativa ha permitido que la propuesta avanza, en una votación que se realizó de forma secreta.

Los candidatos seleccionados por el PP para esta importante posición son Isabel Durán Seco, Luis Gonzaga Serrano de Toledo y Germán Carreño Álvarez. Este movimiento ha suscitado no solo la indignación de la oposición, sino también la inquietud entre la ciudadanía sobre la imparcialidad y transparencia en el sistema judicial de la comunidad.

Este hecho vuelve a poner sobre la mesa las tensiones políticas en Castilla y León, donde las decisiones en el ámbito judicial son un tema candente. La falta de consenso y la manipulación de los procedimientos legales podrían tener serias repercusiones en la confianza que la sociedad deposita en sus instituciones.