En un giro inesperado de los acontecimientos, el juez Javier Santamaría, a cargo de la investigación de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas entre 2020 y 2023, ha decidido citar como investigada a la actual gerente, Valle García, junto a sus dos antecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán. Esta acción surge a raíz de una denuncia presentada por el PSOE que señala no solo un posible delito de prevaricación, sino también graves acusaciones de malversación de fondos, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

La trama de este escándalo se centra en la adjudicación de 243 millones de euros a clínicas privadas de manera directa y sin el respaldo legal adecuado. A pesar de la derogación de una ley que permitía tales contratos, se descubrió que el Gobierno de Juanma Moreno continuó otorgando estos acuerdos poco claros, lo que generó una onda de críticas y una investigación interna por parte del SAS.

Desde el 2022, la situación se ha agravado, pues Guzmán, que ocupó el cargo de gerente del SAS y fue ascendido a viceconsejero de Salud, fue destituido tras el escándalo de las listas de espera. Solo tres meses más tarde, se unió a Asisa, una aseguradora privada que se benefició enormemente de los contratos, lo que ha llevado a muchas voces a cuestionar la ética de sus decisiones.

En este ambiente, Valle García, la actual gerente, ha continuado la controversia al adoptar prácticas similares, reactivando adjudicaciones a dedo bajo el procedimiento de negociado sin publicidad. En este año, ha gestionado la distribución de más de 120 millones de euros, la mayor parte de ellos hacia seis hospital privados, una automática repetición de los contratos irregulares del pasado.

Mientras el PSOE presiona para ampliar la denuncia a las más recientes adjudicaciones, la situación está en punto crítico. En un proceso que avanza rápidamente, el juez ha requerido documentación crucial del Tribunal de Cuentas y la Intervención General, que podría dar aún más profundidad a esta intrincada red de irregularidades.

El juicio se avecina como un posible cambio de paradigma en la gestión pública de la sanidad en Andalucía. La transparencia es ahora más necesaria que nunca, y la presión social podría ser un factor decisivo para el futuro de la sanidad pública en la región. Se anticipan más revelaciones explosivas a medida que se desentraña esta compleja trama de corrupción. ¿Qué otros secretos estarán por salir a la luz?