El exconseller de la Generalitat y exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, ha enfrentado un fin de semana lleno de incertidumbre. Tenía que decidir entre aceptar un acuerdo de conformidad que lo llevaba a reconocer sus acciones delictivas para evitar la prisión, o luchar por su inocencia en juicio, arriesgando así su libertad.

Finalmente, optó por la seguridad de la primera opción, cerrando así un capítulo de su vida tras nueve años desde su arresto. Sin embargo, esta condena significa el fin de su carrera política, aunque no parecían ser sus intenciones regresar a la arena política.

El acuerdo en el caso conocido como el 'cártel del fuego' deberá ser ratificado al comienzo de la audiencia. Castellano se declarará culpable de varios delitos, incluyendo falsedad, cohecho, malversación y asociación ilícita. Aunque la prevaricación solo acarrearía inhabilitación, las penas por los otros delitos suman aproximadamente dos años y medio de cárcel, según lo pactado entre su defensa y la Fiscalía. Además, tendrá que hacer un pago de multa de alrededor de 10.000 euros, una cantidad relativamente manejable.

Este pacto afectará a casi todos los acusados en el caso y estaba previsto que comenzara la vista en la Audiencia Nacional. Sin embargo, se ha postergado debido a los últimos retoques en los acuerdos de conformidad de otros procesados.

La Fiscalía solicitaba inicialmente 21 años de prisión para Castellano, quien ocupó cargos importantes en el PP valenciano. Se le acusa de facilitar la adjudicación de contratos de extinción de incendios a un empresario, Vicente Huerta. Este empresario, enfrentando también a una posible condena de 33 años, se comprometió en un trato que perjudicó las arcas públicas.

Las investigaciones revelan que Castellano recibió diversos beneficios a cambio de este trato preferencial, entre los que se cuentan productos de lujo como rifles, viajes, y cenas en restaurantes exclusivos. La Fiscalía ha sumado un total de 160.000 euros en regalos sospechosos del exconseller.

Este caso no solo se limita a la Comunidad Valenciana; también se ha detectado una red de corrupción que abarca otras comunidades como Cataluña e incluso otros países. Se estima que los contratos irregulares alcanzaron la cifra astronómica de 151 millones de euros, revelando la magnitud de un escándalo de corrupción que sacude los cimientos de la política española.