En un giro inesperado de los acontecimientos, el informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) al Tribunal Supremo sobre Álvaro García Ortiz, el actual fiscal general del Estado, ha revelado que no se hallaron mensajes relacionados con la investigación por fraude fiscal que involucra a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, la alarmante implicación es que los mensajes, que sí existieron, han sido eliminados. Esto plantea preguntas inquietantes sobre la integridad de las pruebas y las acciones de aquellos que deberían garantizar el cumplimiento de la ley.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha optado por señalar a los medios de comunicación en lugar de abordar las posibles irregularidades. "No hay ningún mensaje que pruebe la grave acusación que han hecho medios y partidos. La pregunta es quién va a pedir disculpas", comentó durante una reciente rueda de prensa en Bruselas.

Sánchez se basa en un informe pericial presentado en noviembre que sugiere que el fiscal general mantuvo comunicaciones con Pilar Rodríguez, la fiscal jefe de Madrid, y Almudena Lastra, quien ha sido testigo en el caso. A pesar de las pruebas documentales, el presidente parece restar importancia a su contenido, sugiriendo que estos mensajes no existen. "Ahora dicen que los mensajes se borraron", manifestó irónicamente.

El mandatario ha instado a elevar el debate público y a que quienes han hecho acusaciones sin fundamento asuman la responsabilidad. "La infamia y la acusación sin pruebas no pueden ser gratis", enfatizó, al tiempo que recalcó la necesidad de que los periodistas y medios rectifiquen sus informaciones erróneas.

Además, Sánchez defendió la posición del Gobierno al recalcar que la atención debe centrarse en los delitos cometidos por la pareja de Ayuso, mientras que el silencio sobre el borrado de mensajes por parte del fiscal debería ser investigado más a fondo. "La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid debe aclarar los presuntos delitos contra la Hacienda pública", insistió.

En este contexto, el informe de la UCO reconstruye una "relación cronológica de todas las comunicaciones" de Rodríguez con otros miembros de la Fiscalía, subrayando la aparente "participación preeminente" de García Ortiz en los hechos investigados. La tensa situación ha llevado a comparar la gestión informativa a una "cortina de humo", desviando la atención de lo que realmente está en juego.

En un clima de creciente presión política, la pregunta persiste: ¿Están dispuestos los medios y la oposición a pedir disculpas, o la lucha por la verdad seguirá siendo eclipsada por agendas personales y políticas? Esto podría marcar un punto crucial en la relación entre el Gobierno y la ciudadanía.