En un reciente giro sorprendente en el caso abierto contra el fiscal general del Estado, el magistrado de la Sala de lo Penal, Ángel Hurtado, decidió el lunes que se llevaran a cabo nuevas diligencias. Esta decisión fue solicitada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con el objetivo de recuperar información crucial de aplicaciones de mensajería instantánea, específicamente de dos dispositivos móviles pertenecientes a Álvaro García Ortiz, el controvertido personaje en cuestión.

Según datos revelados por El Debate, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha presentado un recurso en contra de la decisión del juez. Solicitan que la petición para acceder a la información de WhatsApp (Meta) y Google se haga directamente a través de sus delegaciones en España, buscando así acelerar el proceso y evitar un estancamiento que podría perjudicar la investigación.

Cabe mencionar que el juez también incluyó en su requerimiento una cuenta de correo electrónico personal de Gmail. En este correo, como exclusivo reportó El Debate y posteriormente confirmaron las autoridades, García Ortiz solicitó a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien está coimputada en esta instrucción penal, que le enviara el expediente completo relacionado con Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, este proceso no avanza sin complicaciones. APIF ha señalado que la ejecución de la comisión rogatoria —que actualmente se basa en el envío de solicitudes a las oficinas de estas empresas en Irlanda— requiere la intervención del Ministro de Justicia y de un magistrado de enlace designado por el Gobierno. Dado su vínculo con la administración pública, existe la preocupación de que esto pueda influir en la velocidad y eficacia de la obtención de los datos necesarios.

"La conjunción de estos dos factores, la necesidad de acudir a Irlanda y depender de personas asociadas al Gobierno, puede causar un paralelismo indefinido en la fase de instrucción mientras se espera la obtención de estos datos, cuya respuesta podría demorarse a voluntad. Esto sería un obstáculo para el normal desarrollo de este procedimiento", alertan desde la APIF.

Este caso ha generado un gran revuelo no solo dentro del ámbito judicial, sino también en la esfera política, donde las implicaciones de tales revelaciones podrían tener repercusiones significativas en la confianza pública hacia las instituciones. Se espera que continúen las actualizaciones sobre este apasionante asunto que promete más sorpresas.