La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo una exhaustiva investigación en el teléfono móvil y ordenador del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y los resultados son sorprendentes. Según el informe del Tribunal Supremo, fechado el 30 de octubre, no se ha encontrado ninguna prueba relacionada con la filtración de un correo electrónico de vital importancia en el que el abogado de Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— admitía la comisión de delitos fiscales. Este correo fue descubierto en medio de un escándalo que ha generado un gran revuelo en la política española.

El informe revela que García Ortiz recibió el correo a las 23:45 del 13 de marzo, justo después de que la Cadena Ser lo mencionara en una transmisión a las 23:20. La UCO aclara que no había mensajes en el móvil del fiscal durante el crucial periodo del 8 al 14 de marzo de 2024, lo que ha llevado a especular que podría haber cambiado de dispositivo justo antes del registro y que su anterior móvil, posiblemente, fue formateado según las estrictas normas de protección de datos establecidas por la Fiscalía.

Pero no solo García Ortiz está en el ojo del huracán. Juan Lobato, antiguo secretario del Partido Socialista de Madrid, también ha sido objeto del escrutinio. Un segundo informe de la UCO indica que Lobato recibió mensajes de la asesora gubernamental Pilar Sánchez, quien implicaría su conocimiento del contenido del correo antes de que se publicara. Se sugiere que estos mensajes podrían tener importancia en la investigación, revelando una red más amplia de posibles filtraciones.

En la narrativa de este escándalo, se encuentra un elemento clave: la relación de la administración actual con la fiscalía. Mientras el juez Ángel Hurtado investiga la posible complicidad entre García Ortiz y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, el entorno de Ayuso y su partido, el PP, ya han comenzado a desplazar la culpa hacia la Fiscalía, insinuando una estrategia de desinformación por parte del gobierno.

La línea temporal de los acontecimientos es crítica. A medida que se revelan más detalles sobre las comunicaciones entre las partes involucradas, la trama se complica. No solo se ha desmentido que la Fiscalía ofreciera un pacto a la pareja de Ayuso, sino que también se ha creado un ambiente de desconfianza y acusaciones de manipulación política.

Este caso tiene profundas implicaciones no solo para los funcionarios involucrados, sino también para la credibilidad del sistema judicial en España. A medida que más información se hace pública, muchos se preguntan: ¿estamos ante un encubrimiento monumental, o la justicia finalmente está haciendo su trabajo? Lo que está claro es que este escándalo no ha hecho más que comenzar, y el público estará atento a cada nueva revelación.