Recientemente, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha tomado una decisión trascendental al remitir la investigación relacionada con la gestión de la Generalitat durante la devastadora DANA del 29 de octubre a un juzgado de instrucción. Esta acción se lleva a cabo tras un exhaustivo análisis que sigue el criterio de la Fiscalía, lo que ha despertado diversas reacciones en la comunidad.

Entre las siete denuncias presentadas, algunas están dirigidas a la exconsellera Salomé Pradas, quien ya no posee fuero tras ser destituida. El TSJ-CV, que había acumulado las denuncias en un solo caso, se ha fundamentado en jurisprudencia del Tribunal Supremo, estableciendo que se necesitan "indicios cualificados" para investigar a personas aforadas. Esto significa que los casos deben ser manejados desde el juzgado correspondiente en lugar de ser elevados de inmediato al TSJ-CV.

Los magistrados han subrayado que, aunque los relatos de los denunciantes son variados y provienen de fuentes diferentes, no han encontrado pruebas consistentes que justifiquen su competencia en la investigación de personas aforadas en este momento específico.

El impacto de la DANA fue devastador, con un balance "personal y materialmente aterrador", resaltando la importancia de que las autoridades adopten medidas necesarias para prevenir futuros desastres. Sin embargo, el tribunal ha indicado que no hay suficientes pruebas en los denunciantes actuales para asumir competencia.

En este contexto, el TSJ-CV ha hecho referencia al "principio de culpabilidad por el hecho propio", lo que difumina las responsabilidades por la simple posición ocupada en la organización. Esto significa que no se puede responsabilizar automáticamente a una figura pública sin evidencias concretas.

Aunque el TSJ-CV ha decidido no admitir estas denuncias y querellas por ahora, esto no significa que los impulsores de dichas acciones no puedan seguir adelante. Tienen la posibilidad de solicitar formalmente la apertura de este procedimiento ante el juzgado de instrucción adecuado.

Entre los graves cargos que se han mencionado contra figuras como Carlos Mazón, se incluyen la omisión del deber de socorro, prevaricación, imprudencia grave que resultó en la muerte de personas, y otros delitos serios como lesiones y daños por imprudencia. Este escándalo no solo afecta a la política valenciana; también plantea serias preguntas sobre la gestión de emergencias en la comunidad.

En un país donde la corrupción y la falta de responsabilidad en la esfera pública son temas recurrentes, esta decisión del TSJ-CV podría abrir un debate intenso acerca de la rendición de cuentas y la administración pública. ¿Qué consecuencias tendrá esto para los implicados? ¡El futuro de la política en Valencia está en juego!