La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, podría haber cambiado de teléfono móvil el 23 de octubre, solo una semana después de que el Tribunal Supremo (TS) le abriera un caso por la presunta revelación de secretos en relación a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según un informe al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO examina los números de teléfono e identificadores IMSI/IMEI asociados a las tarjetas del dispositivo confiscado a García Ortiz durante un registro en su despacho el 30 de octubre. En este análisis, la UCO concluye que la actividad de los IMSI vinculados a estos IMEI comenzó el 23 de octubre de 2024, lo que sugiere un cambio en el terminal correspondiente a esas tarjetas.

Los investigadores han identificado dos números de teléfono relacionados con este caso. Uno de ellos pertenece a García Ortiz, donde recibió mensajes de WhatsApp de Pilar Rodríguez, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid y otra de las imputadas. El segundo número está a nombre de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, entidad dependiente del Ministerio de Hacienda. ¡Una trama que huele a escándalo!

Además, la UCO ha encontrado dos identificadores únicos IMSI de las tarjetas que se encontraban en el teléfono móvil incautado, ambos activos desde 2020.

Es importante destacar que el juez a cargo del caso, Ángel Hurtado, solicitó información adicional a la UCO tras analizar el contenido del teléfono de García Ortiz, donde no se encontró un solo mensaje durante el período crítico de investigación. Este es un hallazgo sorprendente, especialmente considerando que en el teléfono de Rodríguez sí se encontraron intercambios de mensajes cruciales entre el 8 y el 14 de marzo.

Fuentes del entorno fiscal han admitido que García Ortiz borró personalmente esos mensajes, aunque argumentaron que fue parte de un procedimiento rutinario de eliminación de datos, pero las coincidencias generan suspicacias.

El origen de este escándalo judicial se remonta a una querella presentada por la pareja de Díaz Ayuso, quien denunciaba la filtración de información sensible a la prensa por parte de la Fiscalía de Madrid en un comunicado, en el que defiende la legalidad de su actuación frente a las acusaciones. El TS, tras abrir el caso, descartó delito debido a la premura de difusión de la nota de prensa.

La situación ha dejado al descubierto un entramado que podría involucrar a varios actores del ámbito legal y político. Las revelaciones de la UCO así como los posibles encubrimientos en el seno de la Fiscalía han puesto la mirada crítica sobre cómo se manejan ciertos casos susceptibles de corrupción y mal uso de información.

La espera por el desenlace de esta investigación es tensa, y la opinión pública ya clama por respuestas. ¡Mantente alerta, porque este escándalo apenas comienza!