En un importante desarrollo judicial, el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, liderado por el juez Juan Carlos Peinado, ha comenzado a investigar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la posible apropiación del software de la Universidad Complutense de Madrid.

El magistrado Peinado ha solicitado información al Juzgado de Instrucción Número 48 de Madrid para confirmar si la inhibición que se había acordado en su favor se ha vuelto firme. Este flujo de información se deriva de una reciente decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, la cual identificó conexiones entre la denuncia presentada por la organización Hazte Oír y la investigación por tráfico de influencias que afecta a Gómez.

La solicitud del juez implica preguntar si el auto de inhibición que permite que Peinado asuma el caso ha sido objeto de algún recurso, lo que podría retrasar o alterar el avance de la investigación. Estos aspectos legales son relevantes ya que la querella presentada por Hazte Oír se ocupa de posibles irregularidades en las que Begoña Gómez podría estar involucrada.

La denuncia argumenta que Gómez, en su papel como directora de una cátedra en la Complutense, podría haber patrimonializado de forma personal el nombre de dicha cátedra y utilizado software creado para la universidad en su beneficio privado. Según la querella, estas acciones podrían constituir un delito de tráfico de influencias, lo que añade una capa de gravedad al asunto.

El juez Peinado ya había estado investigando otros presuntos hechos delictivos relacionados con la pareja presidencial, y la conexión con la cátedra universitario solo complica aún más la situación. Cabe destacar que el 24 de septiembre, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó un recurso presentado por la Fiscalía contra esta inhibición, lo que abre la puerta a que Peinado amplíe su investigación de una manera significativa.

Con la mirada de la opinión pública atenta a este caso, el desarrollo de la investigación podría tener implicaciones no solo para Begoña Gómez, sino también para la imagen del Gobierno en su conjunto. La situación continúa evolucionando, y las consecuencias legales son inciertas.