El 8 de febrero de 2023, Madrid fue escenario de una manifestación organizada por grupos de apoyo al pueblo palestino frente a la facultad de Filología de la Universidad Complutense. La protesta tenía como objetivo expresar su oposición a la intervención de la embajadora israelí, Rodica Radian-Gordon, en un ciclo de conferencias que conmemoraba los acuerdos de paz de Oslo. Lo que comenzó como una concentración pacífica se tornó en un alarmante incidente cuando un hombre, identificado como parte del personal de seguridad de la embajada, apuntó con un arma a los activistas presentes.

Según reportes, el individuo llevaba lo que parecía ser una pistola taser, aunque más tarde se confirmó que era un arma real. Los manifestantes grabaron este impactante momento, lo que llevó a que se presentara una querella contra el agresor. Sin embargo, a pesar de la evidencia y los testimonios, la respuesta de las fuerzas del orden fue cuestionable. Mientras el pistolero gozaba de protección policial, al menos dos activistas fueron detenidos y otras 36 estudiantes recibieron multas, sumando más de 20,000 euros en total.

El informe policial posteriormente elaborado confirmó la existencia del arma y la identidad del agresor, que posee un pasaporte diplomático israelí. Los grupos de apoyo al pueblo palestino han expresado su desconcierto ante el hecho de que la policía no se diera cuenta de la situación a pesar de las claras interpelaciones de los activistas, quienes pedían que se detuviera al hombre armado.

La policía alegó no haber visto el arma, lo que ha generado desconfianza y tensión en torno a la imparcialidad del caso. Activistas y fuentes cercanas resaltan la contradicción de que, por un lado, la policía identificara al agresor y, por otro, negase haber asistido a un incidente tan evidente. La posibilidad de que un caso tan grave termine siendo sobreseído ha suscitado preocupaciones sobre la impunidad que podrían disfrutar aquellos que actúan con la protección de su estatus diplomático.

Mientras tanto, el juez encargado del caso está a la espera de que la fiscalía emita su dictamen. La viralidad del vídeo que documenta el incidente ha aumentado la presión sobre las autoridades para que actúen de manera justa y transparente. Sin embargo, el temor persiste entre los activistas, quienes se preguntan si la presión puede llevar a un encubrimiento en lugar de justicia. ¡La situación continúa desarrollándose y el desenlace promete ser explosivo!