Ismael Moreno, el juez a cargo del sonado "caso Koldo" en la Audiencia Nacional, ha tomado una decisión crucial al rechazar la petición de desimputar al subteniente de la Guardia Civil, José Luis Rodríguez García. Este oficial se encontraba al mando de la seguridad en la sede del Ministerio de Transportes en su momento más polémico, cuando José Luis Ábalos era ministro.

Rodríguez García ha sido señalado como el responsable de otorgar un "pase especial" dentro del ministerio a Víctor de Aldama, quien es considerado el líder del entramado de corrupción. Según testimonios de dos inspectoras, el implicado llegó incluso a estacionar su lujoso Porsche en el aparcamiento del propio Ministerio. ¡Un derroche de poder y privilegios!

El juez ha coincidido con la postura de la Fiscalía, que se opone rotundamente a que se le retire su condición de investigado. La Fiscalía argumentó que Rodríguez García tiene vínculos significativos no solo con Aldama, sino también con Juan Carlos Cueto, un socio involucrado en la empresa Soluciones de Gestión, la cual obtuvo más de 50 millones de euros mediante la venta de mascarillas, en medio de una situación de emergencia sanitaria.

Los dispositivos digitales confiscados durante los registros en las propiedades del subteniente en Valdemoro y Truchas aún no han sido analizados, lo que refuerza la decisión del juez de mantener su imputación. La UCO ha revelado que estos dispositivos podrán arrojar nueva luz sobre las presuntas irregularidades.

El Ministerio Público se ha opuesto firmemente a cualquier modificación en la situación procesal de Rodríguez García hasta que no se complete la revisión de la documentación y los objetos intervenidos. En palabras del juez, no podrá dejar de ser investigado hasta que se concluyan los exámenes pertinentes.

A pesar de las afirmaciones del guardia civil de querer desvincularse de la investigación, el juez señala que hay "indicios objetivos y fundados" que apuntan su posible participación en la red de "mordidas" relacionadas con el suministro de mascarillas a diferentes administraciones, incluyendo Transportes, Interior, Canarias y Baleares. Esta investigación también abarca presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho.

Koldo García, quien era la mano derecha de Ábalos, tiene una relación considerada "crucial" con Rodríguez, ya que se ha demostrado que conecta directamente los niveles más altos de la gestión de los contratos bajo sospecha con una de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las irregularidades.

Con cada nuevo desarrollo, el caso Koldo se vuelve más intrigante y revela cómo la corrupción puede estar profundamente enraizada en las instituciones. La UCO ha destacado que las conversaciones interceptadas revelan que Rodríguez se encargó de conectar a Aldama y Cueto con los responsables de adjudicación, lo que plantea aún más preguntas sobre la integridad en los procesos de contratación pública.