El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha tomado una drástica decisión al suspender, de manera “cautelarísima”, el protocolo del Gobierno canario destinado a la recepción de menores migrantes que llegan solos a las islas. Esta suspensión, emitida en respuesta a una solicitud del ministerio público, se produce antes de escuchar a todas las partes involucradas y analizar exhaustivamente el asunto en el futuro.

Mediante una resolución fechada este viernes, los magistrados expresan su preocupación por las implicaciones del protocolo, que podría exigir que los niños permanezcan bajo custodia policial durante horas o incluso días, algo que podría comprometer seriamente sus derechos. A pesar de que el Gobierno alega que su intención es proteger a los menores, la sentencia del TSJC manifiesta dudas sobre la efectividad del protocolo, afirmando que su implementación puede interferir con el respeto a los derechos de los niños.

El tribunal resalta que existe una “especial urgencia” en la necesidad de evaluar cómo el nuevo marco legal afectará a estos menores, que son un grupo particularmente vulnerable. Los jueces, Pedro Hernández, Jaime Guilarte y José Suay, enfatizan la importancia de actuar con “elemental cautela” y llaman a la colaboración institucional para abordar la crisis de inmigración irregular que afecta a la Comunidad Autónoma de Canarias, un tema que se ha vuelto cada vez más crítico en los últimos años debido al aumento de llegadas de migrantes desde África.

El protocolo, impulsado por el presidente autonómico Fernando Clavijo (Coalición Canaria), había sido objeto de críticas por imponer requisitos previos que dificultarían el ingreso inmediato de los menores a centros de acogida. Dichos requisitos incluyen la realización de una reseña policial completa y procedimientos que pueden resultar inviables en situaciones de emergencia. Fuentes policiacas han alertado sobre la ineficacia de estas normas en momentos críticos, como la llegada de cayucos.

Este viernes, antes de conocerse sobre la suspensión, la consejera canaria de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, defendió el protocolo, sugiriendo que su implementación era necesaria para adaptarse a la legislación vigente. Sin embargo, algunos críticos resaltan que la situación real de los menores migrantes en las islas requiere una respuesta más efectiva y rápida.

Mientras tanto, la tensión entre el Gobierno central y el autonómico se intensifica. El próximo lunes, ambas partes se reunirán para abordar el conflicto de competencias planteado ante el Tribunal Constitucional. Barreto ha expresado su esperanza de llegar a un acuerdo, subrayando que la colaboración es esencial para atender esta grave crisis humanitaria.

Este tema no solo genera preocupación en Canarias, sino que ha captado la atención internacional debido a la creciente ola de migrantes en busca de un futuro mejor. La situación sigue evolucionando y se espera que el próximo lunes traiga nuevas revelaciones sobre el manejo de esta crisis.