El Ministerio de Transportes ha revelado las primeras conclusiones de su investigación tras las acusaciones del empresario Víctor Aldama, quien señaló la semana pasada al Tribunal Supremo que al menos diez constructoras habrían obtenido licitaciones de ADIF y la Dirección General de Carreteras a cambio de sobornos, supuestamente gestionados por José Luis Ábalos, el entonces ministro de Transportes entre 2020 y 2021. Aldama presentó un extenso documento de 37 páginas, donde resalta 96 obras que alega fueron otorgadas de manera ilegal.

Una semana después de estas acusaciones, el Ministerio, dirigido por Óscar Puente, ha completado un primer informe que examina 17 de las supuestas preadjudicaciones relacionadas con ADIF y Adif-Alta Velocidad. Este análisis, que fue adelantado por elDiario.es, concluye que no se han encontrado irregularidades en las licitaciones de las constructoras mencionadas por Aldama, contrarrestando así las serias acusaciones.

El análisis realizado es exhaustivo, abarcan 29 páginas en las que se detalla que los elementos destacados por Aldama son demasiado generales. Se refieren a partidas presupuestarias amplias que abarcan miles de kilómetros de corredores ferroviarios, así como conceptos muy diversos que incluyen desde la ingeniería hasta la obra civil y los suministros.

El informe ha filtrado la documentación para concentrarse en expedientes de contratación de obras licitadas entre junio de 2018 y julio de 2021, revelando un total de 373 contratos (220 de ADIF y 153 de Adif-Alta Velocidad). Sin embargo, solo seis contratos de ADIF se ajustan a los criterios establecidos, mientras que otras licitaciones no involucran a ninguna de las constructoras que Aldama menciona: Grupo Azvi, Levantina, entre otros.

Del lado de Adif-Alta Velocidad, se identificaron solo siete expedientes, todos los cuales, según el informe, no presentan ninguna evidencia de favoritismo o tratos irregulares. Se han revisado casos específicos como un tramo de alta velocidad entre Madrid y Galicia que fue adjudicado a la UTE entre CIVIS Global y Taboada y Ramos, con una evaluación técnica competitiva.

El caso más polémico para Aldama, la obra del corredor Norte-Noroeste, reveló que la empresa no cumplió con el contrato, con una penalización de más de 961.000 euros, lo que refuerza la conclusión de que no hubo trato a favor. Además, el informe se extiende a dos contratos más con Ávidos Anfersa S.A. que, según Aldama, estaban vinculados a un familiar de Koldo, pero que también fueron analizados y no presentaron irregularidades.

El segundo informe relacionado con las 79 obras en la Dirección General de Carreteras aún está en proceso. Sin embargo, se anticipa que puede ser más extenso que el de ADIF. Según declaraciones del ministro en el Congreso, 37 de estas obras son objeto de sospechas; entre ellas, 18 ni siquiera han sido licitadas y solo seis fueron adjudicadas durante la administración de Ábalos. Esto sugiere que las señales de corrupción que Aldama sugiere podrían ser más complicadas de establecer de lo que él ha presentado.

Con el futuro de las contrataciones públicas en juego, este escándalo pone a la administración en un foco de atención que podría tener repercusiones mucho más allá de las acusaciones iniciales.