El actual Gobierno de España se formó gracias a un acuerdo entre varias fuerzas políticas del bloque progresista en el Congreso. Uno de los compromisos más relevantes del pacto entre PSOE y Sumar es implementar una reducción de la jornada laboral de las actuales 40 horas semanales a 38,5 horas para finales de 2024, y a 37,5 horas para el año 2025.

Ambos partidos habían prometido esta medida en sus programas electorales. La mesa de negociación se reunió de nuevo tras un receso estival, con el objetivo de seguir acercando posturas. Esta mesa está compuesta por el Ministerio de Trabajo, los sindicatos UGT y CCOO, y las Patronales CEOE y Cepyme, con el propósito de construir un acuerdo que beneficie a todas las partes involucradas.

Sin embargo, las tensiones han aumentado durante las negociaciones, y actualmente se está dilatando la implementación de la reducción a 38,5 horas semanales, como estipula el compromiso del Gobierno. La vuelta a la mesa, tras el parón vacacional, no ha suavizado las posturas antagónicas, y las partes se muestran firmes en sus exigencias.

Desde el Gobierno, los representantes sustentan que la reducción de jornada debe incluir, además, regulaciones sobre derechos de desconexión digital y un sistema de registro horario electrónico. También se prevé un plan de acompañamiento para pequeñas y medianas empresas que incluya incentivos para generar nuevos puestos de trabajo tras la implementación de la jornada reducida.

La patronal CEOE aboga por que esta reducción esté vinculada a los convenios colectivos, tal como menciona el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, los sindicatos se oponen a esta idea, argumentando que la jornada laboral debe ser un derecho general y no objeto de negociación local, además de considerar vital el establecimiento de un control efectivo sobre los horarios para asegurar que los empleados efectivamente trabajen menos horas.

En las últimas semanas, surgieron rumores sobre un posible retraso en la puesta en marcha de la reducción. Estas especulaciones se intensificaron tras unas declaraciones de Mari Cruz Vicente, representante de CCOO, que mencionó que podría haber un aplazamiento hasta 2026, causando un revuelo en el debate público.

Sin embargo, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha desmentido categóricamente cualquier intención de retrasar la fecha. Dijo: "Desmiento rotundamente que vayamos a posponer la entrada en vigor de la reducción de jornada. El acuerdo es claro: 38,5 horas en 2024 y 37,5 horas en 2025". También destacó la importancia de continuar trabajando en el marco del diálogo social.

Mari Cruz Vicente también matizó su comentario, enfatizando que aunque se quieren hacer rápidos progresos en la negociación, esto aún depende de un trámite parlamentario que podría acortar o extender el proceso. Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha confirmado la posición del Ministerio de Trabajo y ha negado cualquier retraso. "Es rotundamente falso", dijo en un pasillo del Congreso.

A pesar de las tensiones, se han notado avances en las negociaciones, con Joaquín Pérez Rey reconociendo un cambio positivo en el tono de las discusiones con la patronal. La vicepresidenta Díaz ha valorado igualmente esta evolución, sugiriendo que hay posibilidades de llegar a un acuerdo en uno de los temas más esperados por la sociedad española.

La implementación de una jornada laboral más corta no solo busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sino que también podría impulsar la productividad y bienestar general en el ambiente laboral en España. Los ciudadanos aguardan ansiosos los resultados de estas negociaciones, que podrían reconfigurar el modelo laboral del país.