La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, ha defendido la supuesta inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en medio de una controvertida filtración que involucra al novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Mientras tanto, la fiscal ha acusado a ciertos medios de comunicación de esparcir "bulos e infundios" sobre el caso.

Sánchez-Conde ha solicitado al Supremo la exoneración de García Ortiz tras la querella presentada por Alberto González Amador, quien le acusa de revelación de secretos. Esta situación se generó después de que García Ortiz autorizara la difusión de una nota informativa sobre las conversaciones entre el abogado de González y el fiscal encargado de la investigación por un supuesto fraude fiscal.

En un extenso informe de 45 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, se afirma que "todos los datos revelados por la Fiscalía eran, de hecho, de conocimiento público" antes de su divulgación. Esto lleva a Sánchez-Conde a concluir que se trata de una conducta inocua, ya que no causó daño alguno a la causa pública ni afectó al interesado.

La fiscal critica además a varios medios de comunicación, incluyendo El Mundo, Vozpópuli y Libertad Digital, así como al entorno de la presidencia de la Comunidad de Madrid, por difundir informaciones que ella considera falsas. Alega que la desinformación y las publicaciones engañosas justificaron la necesidad de aclarar hechos y proporcionar información veraz a la ciudadanía.

“Es crucial que el público reciba información precisa, un derecho fundamental recogido en la Constitución española, y el Ministerio Fiscal tiene la obligación de informar sobre los hechos que se producen en su ámbito. Esta situación requiere una respuesta clara ante la publicación de noticias falsas que generan gran revuelo mediático y confusión”, argumentó Sánchez-Conde.

García Ortiz ha mantenido su inocencia y ha defendido que la nota informativa no solo era necesaria, sino que estaba alineada con el deber de transparencia del Ministerio Público. Sin embargo, el hecho de que esta situación haya cobrado tanta atención mediática pone de manifiesto el delicado equilibrio entre la justicia y la opinión pública, especialmente en medio de un panorama político tan polarizado.

Además, esta defensa de la Fiscalía frente a los medios planteará interrogantes sobre la independencia legal de la institución y su capacidad para operar en un entorno donde las narrativas mediáticas pueden influir significativamente en la percepción pública de los casos legales. La controversia sugiere una posible "campaña periodística orquestada" como menciona Sánchez-Conde, lo que aviva el debate sobre la objetividad del periodismo en asuntos de relevancia política.

A medida que esta historia se desenvuelve, todos los ojos están puestos en el Tribunal Supremo y su decisión respecto a la exoneración de García Ortiz, considerando que cualquier fallo podría tener repercusiones importantes para la credibilidad y la integridad del sistema judicial en España.