El Gobierno de España está listo para elevar un conflicto de competencias al Tribunal Constitucional, relacionado con el nuevo protocolo de acogida de menores migrantes implementado por el Ejecutivo canario. Este anuncio se prevé para el próximo martes en el Consejo de Ministros, donde se destacará la preocupación del Gobierno central ante las nuevas y más estrictas normativas que limitan la acogida de estos jóvenes vulnerables a un colapso del sistema actual.

Las Islas Canarias, que enfrentan una crisis humanitaria sin precedentes con más de 5,300 menores llegando en cayucos, están bajo la dirección de Coalición Canaria y el PP, quienes han adoptado estas nuevas regulaciones. Según fuentes gubernamentales, el Gobierno central considera que estas normas pueden ser inconstitucionales, ya que implican una delegación de competencias que deberían ser manejadas por la comunidad autónoma.

La Fiscalía Superior de Canarias ya ha puesto en peligro la iniciativa del presidente autonómico Fernando Clavijo, advirtiendo que el nuevo protocolo podría desproteger a los menores y, potencialmente, constituir un delito de abandono. Esto representa un giro dramático en las relaciones entre el Gobierno canario y el central, que se deterioraron tras el fracaso de una propuesta de reforma de la Ley de Extranjería en julio, que intentaba aliviar la carga en las islas y otras regiones saturadas como Ceuta y Melilla.

Clavijo ha defendido la necesidad de estas medidas para organizar el actual 'desorden' en el sistema de acogida, haciendo hincapié en que el tiempo que un menor esté fuera de un centro de acogida no implica desamparo, ya que su situación ha sido reconocida por las autoridades. Sin embargo, este argumento fue rápidamente refutado por la Fiscalía, que subrayó que no hay prueba más clara de desamparo que la de menores extranjeros no acompañados.

Además, el nuevo protocolo implica una serie de trámites que podrían demorar la atención a los menores, incluyendo la verificación de antecedentes y trámites administrativos que complican el proceso de acogida. El Ejecutivo canario ha manifestado que su objetivo es garantizar la seguridad de los menores, pero el Gobierno central sostiene que están ignorando sus responsabilidades.

En un clima de creciente tensión, Clavijo ha tachado las acciones del Gobierno de “indecentes”, alegando que mientras la comunidad pide ayuda, se enfrenta a nuevos ataques legales. Durante una crisis humanitaria donde se requiere una respuesta solidaria, las disputas políticas y juradas parecen estar poniendo en peligro el bienestar de aquellos a quienes se pretende proteger.

La formalización de este conflicto legal comenzará en los próximos días, con un proceso que incluye la revisión por parte del Consejo de Estado y el eventual pronunciamiento del Tribunal Constitucional. A medida que las presiones continúan aumentando, la pregunta persiste: ¿Cómo se gestionará la situación de estos menores migrantes que siguen llegando a las Islas Canarias?

Mientras tanto, desde el Gobierno canario se espera que se encuentren soluciones conjuntas que eviten una situación aún más difícil para estos jóvenes, que representan el futuro de la sociedad, independientemente de las batallas políticas que se desenfrenan en el fondo.