El Jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha presentado al Tribunal Supremo una serie de mensajes recibidos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, relacionados con su implicación en un caso de fraude fiscal. El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra bajo investigación por un aparente delito de revelación de secretos, tras la divulgación de correos internos entre él y el abogado de Alberto González Amador, el novio de Ayuso. Sin embargo, fuentes jurídicas indican que la difusión de un primer correo por parte de Rodríguez podría ser clave para reducir la gravedad de la situación que enfrenta García Ortiz.

En un WhatsApp enviado el 12 de marzo de 2024, Carlos Neira, el abogado de González Amador, comunica a su cliente: "Buenos días Alberto. He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que al final solo haya un condenado. Y multa mínima". Esto fue momentos después de que el fiscal Julián Salto le recordara que era posible llegar a un pacto.

González Amador reenvió el contenido del correo a Rodríguez, lo que subraya la rapidez de las comunicaciones y el flujo de información entre las partes implicadas. Al día siguiente, 'El Mundo' publica un artículo indicando que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso, lo cual activó al equipo del Ministerio Público para desmentir dicha información, resaltando que el acuerdo provenía únicamente de los abogados de González Amador y no de la Fiscalía.

El Juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha señalado que la divulgación de los correos por parte de García Ortiz es clave en la investigación, sugiriendo que la fecha en que empezaron a ser conocidos es esencial para determinar la responsabilidad en este caso. A pesar de las alegaciones de filtraciones, Hurtado argumenta que la revelación de estas comunicaciones, después de la llegada de los correos al fiscal, debilitan el fundamento de las acusaciones.

Un aspecto relevante también se revela en un mensaje enviado por Miguel Ángel Rodríguez a un grupo de periodistas, sugiriendo que algunos medios de comunicación están proporcionando información inexacta sobre el contenido de los correos. Esto indica que la controversia no solo se limita al ámbito judicial, sino que también afecta a la percepción pública y mediática del caso.

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, podría beneficiarse de una jurisprudencia anterior del Tribunal Supremo que establece que, cuando información reservada se divulga a periodistas, pierde su carácter confidencial, complicando la acusación por revelación de secretos. Un caso similar llevó al archivo de una querella contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la revelación de información que había sido previamente publicada.

El desarrollo de este escándalo, las actuaciones de la Fiscalía, y la habilidad de la Abogacía del Estado para presentar defensas innovadoras serán cruciales en las próximas semanas. En medio de la creciente presión mediática y política, ¿podrán García Ortiz y sus aliados salir a flote? La respuesta podría cambiar el panorama político en Madrid, y no querrás perderte ningún detalle de esta historia en desarrollo.