Una familia colombiana, que se encontraba viviendo en una furgoneta de carga estacionada en las calles de Valencia, ha recibido una solución temporal a su crisis habitacional. El Ayuntamiento de Valencia les ha proporcionado un albergue de emergencia mientras se aclara su situación con los Servicios Sociales de Huesca. Actualmente, el consistorio les ofrece alojamiento en un hostal hasta el próximo lunes.

De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento, la familia había estado en un recurso de acogida de protección internacional en Huesca durante dos años, bajo la supervisión del Ministerio correspondiente. El padre estaba laboralmente activo, la madre recibía atención sanitaria, y los niños estaban escolarizados.

Sin embargo, el 2 de octubre, la situación dio un giro desfavorable cuando a Giovana le fue denegado el asilo y, tras eso, los técnicos de APIP-ACAM, la entidad que gestionaba su acogida, les informaron que debían abandonar el sistema de protección. Esta decisión dejó a la familia en una encrucijada desesperante y, como consecuencia, decidieron trasladarse a Valencia debido a las bajas temperaturas en Huesca, temiendo terminar en la calle si regresaban.

Mientras tanto, han presentado un recurso administrativo contra la denegación de asilo en Valencia, pero Cruz Roja les ha indicado que se requiere un mes de "silencio administrativo" para reiniciar el proceso de acogida. Esta incertidumbre refleja la difícil realidad de muchos colombianos que llegan a España huyendo de la violencia, solo para encontrarse atrapados en un laberinto burocrático.

La concejala socialista Maite Ibáñez ha calificado la situación de "muy grave", señalando que es inaceptable que el Ayuntamiento de Catalá permita que niños queden en la calle. La situación ha provocado reacciones de indignación entre los partidos políticos, pues acusan al gobierno local de ejercer políticas antisociales y dejar a la población más vulnerable en condiciones precarias.

Lucía Beamud, edil de Compromís, también ha criticado al gobierno municipal por su falta de acción. Ha denunciado que la ciudad enfrenta un creciente número de personas y familias en situaciones límites mientras que los Servicios Sociales están completamente desbordados. La falta de atención y recursos adecuados agrava la crisis de vivienda que afecta a muchas familias en Valencia.

Como resultado, las organizaciones y activistas están exigiendo cambios urgentes en las políticas de atención social y están instando al Ayuntamiento a implementar soluciones efectivas para evitar que situaciones como las de esta familia se repitan en el futuro.