El partido EH Bildu ha informado este jueves sobre un pacto crucial alcanzado con el Gobierno de coalición para reformar la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como 'ley mordaza', la cual fue modificada por el Partido Popular en 2015, aumentando su polémica.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha destacado que este nuevo acuerdo elimina la discrecionalidad que existía en las sanciones relacionadas con el respeto a la autoridad, obligando a que estas sean objetivas y justificadas, lo cual marca un avance significativo en la protección de los derechos ciudadanos. Además, ha anunciado que las sanciones por faltas de respeto a la autoridad se cancelarán si el acusado se retracta, y que estas pasarán de ser consideradas faltas graves a leves.

Otro de los puntos fundamentales del acuerdo es la eliminación del uso de balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad, un reclamo vital de la sociedad vasca que busca garantizar manifestaciones más seguras y respetuosas.

En adición, se establece el fin de las llamadas devoluciones en caliente, que permitirán un proceso más humanitario en la gestión de los migrantes. Para ello, la portavoz ha señalado que se incluirá una disposición en la ley de seguridad ciudadana que obligará a reformar la ley de extranjería en un plazo de seis meses, garantizando así la protección de los derechos humanos y el respeto hacia las normativas internacionales.

Esta reforma de la Ley Mordaza ha sido un tema pendiente desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia hace más de seis años. Anteriormente, los intentos de reformar esta ley se consideraron insuficientes, lo que llevó a EH Bildu y ERC a expresar su descontento por no eliminar las balas de goma ni a limitar el poder de la policía durante las manifestaciones.

Aizpurua y su equipo han agradecido a todos los partidos que colaboraron en esta derogación, reafirmando su compromiso con la restauración de los derechos y libertades que se habían recortado en 2015 por el PP. La nueva ley se desarrollará tomando en cuenta el trabajo realizado en la legislatura pasada, incorporando así todas las propuestas aprobadas.

Por su parte, el colectivo Sumar ha manifestado su satisfacción con el acuerdo, subrayando su vinculación con un plan de regeneración democrática que busca abordar todos los aspectos regresivos en materia de derechos. La propuesta incluye reformas en el Código Penal para eliminar los delitos relacionados con la libertad de expresión y, además, contempla nuevas sanciones que consideren la capacidad económica del sancionado, un avance hacia la equidad.

Sin embargo, el partido Podemos ha mostrado su escepticismo ante los resultados del acuerdo, considerando que aún quedan muchas áreas de mejora y criticando que las balas de goma no sean prohibidas explícitamente. Por otro lado, ERC, a través de su portavoz Gabriel Rufián, también ha expresado su apoyo al acuerdo, enfatizando que este representa un avance significativo en pro de los derechos y libertades.

Este pacto no solo representa un cambio legislativo, sino también un reflejo del compromiso de varias fuerzas políticas con la construcción de un entorno más justo y democrático en España. Se espera que el acuerdo genere un impacto positivo en la relación entre ciudadanía y fuerzas de seguridad, convirtiendo las manifestaciones y el ejercicio de derechos en prácticas más seguras y respetuosas.