Entre el 12 y el 15 de septiembre de 2019, una gota fría azotó severamente las comunidades de Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y Andalucía, resultando en la trágica pérdida de siete vidas (tres en Alicante, dos en Albacete, uno en Almería y otro en Granada). Esta Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) descargó con inusitada fuerza en la Vall d'Albaida y la Vega Baja del Segura, generando más de 70,000 siniestros, un récord triste en los 65 años de existencia del Consorcio de Compensación de Seguros.

Sin embargo, los daños causados por la tormenta que azotó el 29 de octubre de 2024 fueron mucho más devastadores, con un saldo de más de 200 muertes en la provincia de Valencia. Este fenómeno afectó a cerca de 80 municipios, destruyendo más de 100,000 vehículos, 20,000 viviendas y 5,000 comercios, además de inutilizar kilómetros de carreteras y vías férreas.

La gestión de los gobiernos valencianos en ambas emergencias fue marcadamente diferente y, según algunos expertos, esto explica en parte las dispares consecuencias de los dos desastres.

Durante la crisis de 2019, el Gobierno valenciano activó la preemergencia 48 horas antes, poniendo en conocimiento a alcaldes y ciudadanos sobre las previsiones climáticas. En contraste, en 2024, la respuesta del gobierno de Carlos Mazón fue criticada por su lentitud, ya que se reunió con el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) casi nueve horas después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) hubiera declarado la alerta roja.

Aunque ambos eventos meteorológicos eran de naturaleza similar, la diferencia en la comunicación y coordinación fue evidente. En 2019, se implementaron campañas de información a la población para asegurar que todos estuvieran alerta y preparados. En 2024, el aviso de emergencia llegó con un considerable retraso, haciendo que muchas personas no tuvieran tiempo suficiente para resguardarse.

La falta de acción efectiva por parte del gobierno de Mazón incluyó la falta de alertas masivas a teléfonos móviles, lo que provocó una respuesta tardía de la población ante la inminente crisis. Además, la negativa inicial a aceptar ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se tradujo en una respuesta más caótica y menos organizada en comparación con la gestión del desastre en 2019.

Esto revela una crítica realidad sobre la gestión del riesgo y la preparación ante emergencias en la Comunidad Valenciana. En 2019 se establecieron protocolos claros y se coordinaron esfuerzos entre diferentes administraciones. A raíz de la catástrofe de 2024, han surgido llamados a investigar las fallas en la comunicación y la eficacia de respuesta ante desastres.

Este contraste pone de manifiesto la crucial importancia de una gestión proactiva y eficiente en la prevención y respuesta ante desastres naturales. La historia reciente sobre las tormentas en Valencia es un claro recordatorio de que no solo es necesario tener planes de emergencia, sino también la capacidad de llevar a cabo esos planes de manera efectiva y oportuna.