En un giro inesperado, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, anunció que su equipo dará marcha atrás en la decisión de eliminar las ayudas a varias ONG locales. La regidora manifestó ayer que, después de considerar la fuerte reacción social en los últimos días, es necesario rectificar y propondrá enmiendas al presupuesto en la próxima Comisión de Hacienda para restaurar las partidas de apoyo para Burgos Acoge, Accem y Atalaya, las organizaciones que estaban en la mira de recortes.

Sin embargo, lo que no compartió Ayala es que su socio de gobierno, Vox, también tiene sus propios términos para dar luz verde a esta corrección. El vicealcalde y líder de Vox, Fernando Martínez-Acitores, dejó en claro que, si bien están dispuestos a apoyar la enmienda, exigirán nuevas condiciones que podrían complicar aún más la situación. Entre ellas, destacan que "no se destine ni un euro a actividades de inmigración ilegal", así como la creación de "una comisión de seguimiento" para asegurar que se cumplan estos compromisos. También se busca incluir ayudas específicas para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, con un enfoque especial en la Fundación RedMadre.

La tensión en el ambiente es palpable, ya que las comparecencias de ambos líderes ocurrieron con una hora de diferencia, lo que dejó un aire de incertidumbre respecto a la postura final del PP. Ayala defendió la solidez del gobierno de coalición, reiterando su desacuerdo con el PSOE, pero sin confirmar explícitamente si aceptaría todas las demandas de Vox. Los líderes del PP y la Junta de Castilla y León han sido partícipes activos en la discusión, prometiendo que no se recortarán las subvenciones a las ONG afectadas, en un intento por calmar los ánimos de la ciudadanía.

Ayer, miles de burgaleses se manifestaron por las calles en protesta a los recortes propuestos, un hecho que, sin duda, influyó en la decisión de Ayala. En sus conversaciones con líderes del PP, incluidos Borja Suárez y Alfonso Fernández Mañueco, se llegó a la conclusión de que no se podían eliminar las subvenciones, un paso crucial para mantener la paz social en la ciudad.

Mientras tanto, la incertidumbre sobre la relación entre el PP y Vox sigue en aumento. Aunque ambos partidos aseguran estar trabajando juntos, el hecho de que Vox esté marcando nuevas "líneas rojas" para la aprobación del presupuesto ha generado suspicacias. Desde el Gobierno regional han resaltado la importancia de la coherencia en los principios de gobernanza, lo que añade presión sobre la alcaldesa para que encuentre un equilibrio entre las exigencias de su socio y las demandas de los ciudadanos.

En resumen, la situación política en Burgos está en un punto crítico, con la alcaldesa y su equipo enfrentando un dilema formidable entre la presión social y las exigencias internas de su coalición. Se espera que las decisiones de la próxima Comisión de Hacienda sean decisivas no solo para el futuro de las ONG, sino también para la estabilidad del Gobierno de coalición que actualmente rige la ciudad.