La Generalitat Valenciana ha estado rodeada de controversia tras la reciente tormenta de dana que azotó la provincia de Valencia el 29 de octubre. En una serie de inexactitudes sobre la gestión de la emergencia, se ha revelado que hubo un error crítico cuando, a las 15:29, se solicitó la "desmovilización" de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en lugar de la movilización que realmente se necesitaba para lidiar con la situación desastrosa que se había desatado. Este error fue detectado rápidamente, y apenas 12 minutos después, se envió un nuevo documento correctamente redactado. A pesar de este fallo administrativo, la UME empezó a movilizarse inmediatamente, lo que muestra la rapidez y eficacia de los servicios de emergencia, incluso ante un proceso burocrático ineficiente.

La confusión sobre los tiempos también ha surgido, ya que la Generalitat afirmó que la solicitud se realizó a las 15:00, mientras que los correos electrónicos confirman que la petición formal llegó más de media hora después. En medio de esta crisis, la Consejera de Interior, Salomé Pradas, estaba en Carlet, atendiendo una llamada de la alcaldesa que alertaba sobre el estado crítico de su municipio. A esa hora, el sistema de emergencias 112 ya había colapsado por el alto volumen de llamadas que se registraban.

El Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) se reunió a las 17:00, pero la solicitud para la intervención de la UME no fue enviada hasta las 20:36 para toda la provincia. Esto generó un sentimiento de descoordinación y falta de preparación ante una emergencia que ya había mostrado sus devastadoras consecuencias.

A pesar de que la Generalitat calificó la emergencia como nivel 2, no ha elevando la situación a nivel 3, lo que hubiera conllevado acciones más decisivas a nivel gubernamental. Esta decisión contradice las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, quien ha pedido repetidamente al gobierno central que declare el estado de emergencia nacional para abordar adecuadamente la crisis. Varios diputados del PP han respaldado esta demanda en el Congreso, destacando que la magnitud de la crisis excede la competencia autonómica.

Esta situación plantea preguntas sobre la capacidad de la Generalitat para gestionar crisis y salvaguardar a la población, a la vez que destaca la importancia de una comunicación clara y acciones eficientes ante emergencias, un aspecto crítico en la respuesta a desastres naturales como el vivido en Valencia. Los ciudadanos esperan respuestas claras y una reacción más coordinada en situaciones de emergencia, ya que la confianza en las autoridades se está poniendo a prueba.