El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) ha decidido dar un golpe sobre la mesa al destinar casi 20.000 euros para externalizar pruebas de imagen. Esta medida es una respuesta a la creciente demanda de ecografías y estudios de neuroimagen, que han desbordado al servicio de Radiodiagnóstico. A finales del año pasado, se aprobaron nuevos conciertos con la sanidad privada para contratar a dos grupos: Recoletas y Quirón, con un presupuesto de 14.862 euros y 4.725 euros respectivamente. Sin embargo, los detalles sobre el número de pacientes derivados y los plazos de los contratos son un misterio.

La externalización de pruebas siempre se ha considerado una medida excepcional, pero este parece ser el nuevo normal en los últimos años. El HUBU ha comenzado a incluir en su presupuesto anual una partida cada vez mayor para este concepto. Por ejemplo, en 2024, se contrató a Recoletas para realizar 1.300 pruebas, una cifra que incluye unas 950 resonancias magnéticas y 300 TAC, lo que casi duplica el número de estas pruebas en comparación con el 2023. En total, el hospital ha desembolsado 224.020 euros, una cifra que refleja la dependencia creciente de estos estudios para confirmar diagnósticos cruciales.

Además de contratos menores con la sanidad privada, el hospital ha mantenido una colaboración especial con San Juan de Dios desde 2022. Este acuerdo permite la realización de hasta 1.000 ecografías anuales para los pacientes del HUBU. Aunque la inversión de este acuerdo puede alcanzar hasta 6,2 millones de euros, la reciente aprobación para desviar más pruebas hacia la sanidad privada es un hecho que ha indignado a los pacientes y trabajadores del centro.

La presión de la alta demanda también es notable, con una lista de espera que alcanzó los 3.415 pacientes a finales de diciembre. Este dato alarmante ha llevado a la gerencia del hospital a buscar soluciones rápidas, como el incremento de contratos con Recoletas para realizar estudios diagnósticos adicionales, lo que agrava la controversia sobre la capacidad del sistema público para gestionar sus propias demandas.

Los ciudadanos se cuestionan: ¿Estamos asistiendo a la desmantelación de la sanidad pública en favor de intereses privados? ¿Qué pasará con la calidad del servicio médico si esta tendencia continúa? Este conflicto entre el público y el privado en el ámbito de la salud es, sin duda, un tema de actualidad que merece un análisis más profundo.