Las negociaciones entre el Gobierno, el Partido Popular (PP) y la Coalición Canaria han estallado nuevamente, poniendo en peligro los fondos destinados a la acogida de menores migrantes. Cuando parecía que las partes estaban cerca de un acuerdo, el PP comunicó sorpresivamente la suspensión de las conversaciones este sábado, cancelando la reunión prevista para este lunes.

El portavoz del grupo parlamentario popular, Miguel Tellado, criticó al Gobierno por no solicitar a la Unión Europea suficiente ayuda para reubicar a los menores en otros países. Sin embargo, detrás de este conflicto hay un asunto más crítico: la condición del Gobierno de que las comunidades autónomas gobernadas por el PP deben crear 4.000 nuevas plazas para poder acceder a la financiación. Comunidades como Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que han expresado que están desbordadas, se ven incapaces de cumplir con esta demanda.

Este estancamiento se produce en un contexto donde se estima que hay alrededor de 19.000 plazas disponibles en España para menores no acompañados y otros niños en situación de desamparo. Sin embargo, el informe indica que, de acuerdo con la población, se necesitarían al menos 23.600 plazas, lo que revela un déficit considerable en la capacidad de acogida. La situación es más crítica en las comunidades gobernadas por el PP, que han mostrado resistencia a aceptar a más menores migrantes.

El Gobierno ha propuesto un cambio en el modelo de acogida para enfrentar urgentemente la situación, sugiriendo que las comunidades aumenten el número de plazas antes de acceder a la financiación estatal. Dependiendo del número de menores migrantes no acompañados, que asciende a unos 16.000 en el país, se busca redistribuirlos de manera equitativa entre las comunidades según criterios poblacionales.

La ruptura de las negociaciones ha causado desconcierto dentro del PP. Dicha decisión fue tomada en un pequeño círculo de poder y sorprendió a varios miembros del partido y a importantes líderes regionales que se vieron afectados por esta abrupta decisión.

La falta de acuerdo agrava la crisis humanitaria que enfrentan actualmente más de 5.300 menores acogidos en las Islas Canarias, región que ha alertado sobre la urgencia de actuar. A medida que los líderes políticos enfrentan una creciente presión, incluyendo la de organizaciones no gubernamentales y defensores de los derechos humanos, la situación sigue siendo un tema candente en la agenda política española.