Las asociaciones de jueces y fiscales han alzado la voz para exigir al Gobierno un respetuoso manejo de las declaraciones públicas en relación al sistema judicial. Esto se produce a raíz de las polémicas afirmaciones de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien calificó de "vergüenza" la reciente sentencia absolutoria que favoreció a Dani Alves.

Durante un acto del PSOE en Andalucía, Montero expresó: "Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante." Estas palabras no han pasado desapercibidas y han generado un eco inmediato en el ámbito judicial.

Las siete asociaciones que representan a jueces y fiscales han emitido un comunicado conjunto, donde recalcan la importancia de que las instituciones y sus representantes respeten y apoyen la labor de los jueces y magistrados. "Es vital evitar comentarios que puedan debilitar la confianza de la ciudadanía en nuestro sistema judicial", aseguran.

El principio de la presunción de inocencia, considerado un derecho fundamental en nuestra Constitución, establece que ninguna persona debe ser considerada culpable hasta que su responsabilidad penal sea probada de forma adecuada. Los representantes judiciales han advertido que cuestionar este principio puede comprometer las garantías procesales y la justicia en los juicios.

"Exhortamos a todos los representantes públicos a ejercer la mayor responsabilidad en sus declaraciones, más aún cuando se refieren a decisiones judiciales", concluyen en su comunicado.

Además, han subrayado la importancia de que las víctimas sientan el respaldo y que sus testimonios sean evaluados "con la seriedad y sensibilidad que merecen", a la vez que estas garantías deben coexistir con los derechos fundamentales de los acusados para asegurar un equilibrio que fortalezca la justicia.

Sin embargo, no todas las voces están de acuerdo. La Asociación de Mujeres Juezas (AMJE) ha manifestado su desacuerdo con el comunicado de los jueces y fiscales, recordando que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la declaración de la víctima puede ser suficiente para emitir una sentencia condenatoria, incluso si es la única prueba presentada. Este aspecto es crucial en casos de delitos contra la libertad sexual, donde a menudo los hechos ocurren en lugares ocultos, dificultando la obtención de pruebas adicionales.

En un contexto donde la lucha por la justicia y el respeto a los derechos de las víctimas es más relevante que nunca, esta discusión pone de relieve las tensiones entre la protección de los derechos individuales y la búsqueda de la verdad en el ámbito penal.