El sistema federativo en España, conocido por su estructura asamblearia, permite a los presidentes depender del apoyo de diferentes federaciones autonómicas para alcanzar o mantener el poder. Sin embargo, esta dinámica puede volverse en su contra si un número considerable de estas federaciones decide unirse en un boicot. Este es el caso que ha estado ocurriendo en la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) desde el inicio de la actual legislatura.

La FEDME, que logró destacadas hazañas como la medalla de oro de Alberto Ginés en Tokio y varios diplomas en París, ahora enfrenta desafíos económicos significativos. Un grupo de federaciones autonómicas, dirigido por el presidente de la federación de Madrid, José Luis Rubayo, parece haber orquestado este boicot tras la llegada de Alberto Ayora como nuevo presidente. Rubayo, quien había monopolizado las negociaciones de seguros desde 2012, se encontró excluido en un nuevo proceso más transparente, lo que precipitó su dimisión y lo llevó a adoptar una postura de oposición.

La situación se intensificó cuando la actual dirección de la FEDME solicitó una investigación sobre los vínculos de Rubayo con una empresa de seguros que había estado operando durante su gestión como vicepresidente. A pesar de que la denuncia presentada ante la Fiscalía fue archivada debido a que no se consideró que Rubayo actuara como funcionario público, el ambiente de desconfianza continuó.

Las federaciones regionales, en un esfuerzo por socavar la FEDME, comenzaron a ofrecer licencias alternativas que han resultado en una pérdida de más de 35.000 licencias federativas, equivalente a pérdidas de 458.000 euros. Este movimiento no solo pone en peligro la estabilidad financiera de la FEDME, sino que también limita los recursos disponibles para los atletas.

En este contexto de crisis, las licencias federativas se han convertido en un punto focal. Muchos deportistas requieren estas licencias por la cobertura de seguros que ofrecen, y la creación de licencias autonómicas puede ser legal, pero afecta directamente la solidaridad y sostenibilidad de la federación nacional. La FEDME ha advertido que estas licencias deberían tener cobertura solo en sus respectivas regiones para no perjudicar a la organización en su conjunto.

La controversia ha llegado a oídos de políticos, incluyendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha sido informada de este inusual modus operandi. Sin embargo, la situación sigue evolucionando y se ha generado una incertidumbre que podría marcar un antes y un después en el deporte de montaña y escalada en España.

La pregunta que queda es: ¿Cómo afectará esta serie de eventos a los deportes de aventura en un país que se enorgullece de su impresionante legado montañés? La lucha por el poder dentro de la FEDME todavía tiene capítulos por escribir y sus repercusiones se sentirán en las montañas, donde los atletas y sus aspiraciones podrían estar en juego.