Intensificación de la Defensa Jurídica en Cataluña

Convivencia Cívica Catalana (CCC), dirigida por el incansable Ángel Escolano, ha decidido llevar su lucha a otro nivel. Esta semana, la entidad ha anunciado que reforzará su estrategia de defensa frente al acoso lingüístico que sufren empresas y trabajadores por parte de grupos radicales.

Nuevas Medidas de Protección para Comerciantes

Entre las iniciativas que pondrán en marcha se incluye una línea directa con su gabinete jurídico, ofreciendo asistencia inmediata a los comercios y autónomos que se encuentren en la mira de los acosadores del catalán. Además, entregarán un kit de defensa rápida, que incluye modelos de alegaciones y recursos, junto con instrucciones claras y acompañamiento en procedimientos administrativos y judiciales.

Registro de Casos y Sesiones Informativas Gratuitas

La CCC también llevará a cabo un seguimiento exhaustivo de los casos para identificar patrones de acoso y organizará sesiones informativas gratuitas, dirigidas especialmente a las asociaciones de comerciantes y sectores que son el blanco directo de estas agresiones.

Un Llamado a la Acción para Empresarios y Comerciantes

Desde Convivencia Cívica Catalana hacen un llamado a todos los empresarios y comerciantes que se sientan amenazados por sanciones lingüísticas: ¡No están solos! Invitan a contactarlos para evaluar recursos e impugnaciones, y así defender sus derechos ante las autoridades y en los tribunales.

Victoria Judicial: Una Luz de Esperanza

En un giro esperanzador, CCC celebra la reciente anulación de una sanción lingüística contra una cafetería en Sitges. Esta decisión judicial enfatiza que una denuncia genérica no puede ser base suficiente para iniciar un expediente sancionador, brindando así un respiro a comerciantes y profesionales que se ven atrapados en esta problemática.

Un Paso Hacia la Libertad Lingüística

Para CCC, este fallo refuerza la libertad lingüística en las relaciones privadas y solidifica la seguridad legal de los comercios. Consideran que es solo el primer paso hacia el desmantelamiento del sistema de delaciones lingüísticas promovido por la administración autonómica, que incentiva a los ciudadanos a denunciar a sus vecinos por utilizar el castellano en sus negocios, bajo la engañosa premisa de que debe usarse 'al menos el catalán'.