El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha dado a conocer su versión sobre los acontecimientos que llevaron al desastre del 29 de octubre, un día marcado por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que causó inundaciones devastadoras en la provincia de Valencia. En una intervención, Mazón lamentó que Protección Civil no enviara el aviso a la población hasta después de las 20:00 horas, momento en que miles de personas ya se encontraban en peligro. Al respecto, ha señalado directamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como responsable del retraso en activar la alerta hidrológica, una acusación que ha sido rechazada por el organismo del Ministerio para la Transición Ecológica.

Mazón afirmó en entrevistas recientes que la CHJ desactivó la alerta hidrológica hasta tres veces durante el día crítico, a la una, a las dos y a las cuatro de la tarde. Recalcó que, a pesar de esto, el 112, el servicio de emergencias de la Generalitat, continuó con la alerta mientras se solicitaba la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Utiel. Sin embargo, la CHJ ha contradicho estas afirmaciones, explicando que ellos no emiten alertas públicas y que esta función recae en los servicios de emergencias autonómicos, como el 112.

La situación se volvió más crítica cuando los niveles de agua comenzaron a aumentar significativamente. Según informes de la CHJ, el caudal del barranco del Poyo se redujo drásticamente durante la jornada, pero insisten en que fue a partir de las 17:00 horas cuando se detectó un aumento brusco, llegando a picos alarmantes de 2.282 metros cúbicos por segundo. Esta discrepancia resalta una vez más la importancia de una coordinación efectiva entre las distintas entidades amigadas con la gestión de emergencias, especialmente en días de crisis climática extrema.

Esto plantea interrogantes sobre la efectividad de la respuesta del gobierno regional y si se podrían haber mitigado los daños con una mejor comunicación y reacción ante la situación que se desarrollaba. Mazón también destacó que en la reunión que precedió a la crisis no hubo una representación adecuada de la Generalitat, lo que podría haber influido en la falta de decisiones críticas, como el corte de carreteras para prevenir la circulación en áreas de riesgo.

A su vez, el presidente se cuestionó por qué la Generalitat no elevó el estado de alerta al nivel 3, que habría permitido al Gobierno tomar control directo de la situación y movilizar recursos urgentemente. De acuerdo con Mazón, una vez que se activa la UME, el comando operativo es el que debe solicitar más refuerzos si es necesario, lo que levanta la cuestión de si la centralización de la gestión de emergencias en un único organismo es realmente lo más eficaz en momentos de crisis.

El dilema de las alertas y la gestión del riesgo en situaciones como las vividas recientemente nos recuerda la crítica importancia de prepararse ante la adversidad del clima y de los protocolos de emergencia que deben estar en su lugar para proteger a las comunidades. La falta de claridad en los protocolos de alerta podría haber tenido graves consecuencias, y es probable que este evento lleve a una revisión de las estructuras de comunicación y acción en la respuesta a emergencias en el futuro.