Este sábado, 4 de enero de 2025, Seúl se convirtió en el epicentro de intensas manifestaciones a favor y en contra del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol. Miles de personas inundaron las calles, provocando un caos en el tráfico y aumentando aún más la tensión en la capital del país.

Alrededor de 35.000 manifestantes se reunieron en la emblemática plaza de Gwanghwamun para oponerse a los esfuerzos por arrestar a Yoon, quien enfrenta críticas severas debido a su controvertida declaración de ley marcial el 3 de diciembre. En la misma plaza, otro grupo exigía su destitución definitiva, pues el Parlamento ya lo había inhabilitado el 14 de diciembre mientras espera la decisión del Tribunal Constitucional sobre su futuro.

Mientras tanto, los seguidores de Yoon se dirigieron a la residencia presidencial en el barrio de Hannam, donde una marcha convocada por la Confederación de Sindicatos de Corea tuvo lugar a solo 400 metros. La situación se tornó tensa cuando los sindicalistas intentaron sobrepasar un cerco policial, lo que resultó en violentos enfrentamientos y la detención de dos personas por parte de las autoridades.

El tráfico en Hannam se vio gravemente afectado, así como la operación de la línea 6 del metro, que optó por no parar en la estación más cercana para evitar aglomeraciones aún mayores.

En un giro inesperado, los planes de la oficina anticorrupción para arrestar temporalmente a Yoon el día anterior se vieron truncados debido a la intervención del Servicio de Seguridad Presidencial (PSS), que impidió el acceso de los investigadores y provocó una confrontación que se prolongó durante varias horas. Los analistas consideran que los investigadores podrían intentar un nuevo arresto el domingo, ya que la orden actual caduca el lunes.

La situación legal del presidente es crítica: sus abogados han solicitado la anulación de la orden de arresto, argumentando que solo la Fiscalía tiene la potestad de solicitar la detención por un supuesto delito de insurrección, un cargo del cual un presidente surcoreano no puede ser inmunizado. Este tipo de delito conlleva severas penas en Corea del Sur, que pueden incluir cadena perpetua o incluso la pena de muerte, aunque esta última ha estado en moratoria durante casi 40 años.

En caso de que los fiscales logren detener a Yoon, tendrán 48 horas para interrogarlo y podrían solicitar una extensión de su detención si lo consideran necesario.

La situación en Seúl es crítica y se espera que las manifestaciones continúen en los próximos días, dejando a la ciudadanía en suspenso sobre el futuro político del presidente Yoon Suk-yeol y su gobierno.