La Comisión Europea ha decidido abrir un nuevo expediente a España debido al abuso de interinos en el sector público. Este movimiento marca el inicio de un procedimiento de infracción después de que el Gobierno recibiera una carta en la que se le recrimina la falta de medidas de protección para los trabajadores temporales que encadenan contratos, incumpliendo así la normativa europea.

Según la normativa de la UE, los Estados miembros deben implementar estrategias para prevenir y sancionar el abuso de contratos temporales sucesivos. Sin embargo, la Comisión ha señalado que la legislación española no ofrece las salvaguardias necesarias para ciertos tipos de relaciones laborales temporales, especialmente en el ámbito público. Escandalosamente, algunos interinos han estado acumulando contratos por 20 o 30 años, solo para recibir exactamente la misma compensación como si hubiesen trabajado por un corto período. Además, si deciden abandonar su puesto, ya sea voluntariamente o por motivos de cuidado, se quedan sin indemnización.

Este procedimiento es adicional al que la Comisión abrió en 2015, y que surgió debido a la opinión de que las reformas introducidas por España desde entonces no han sido suficientes para alinearse con los estándares europeos. En este sentido, la Comisión ha declarado que las nuevas normativas nacionales no abordan adecuadamente las deficiencias existentes, especialmente en cuanto a la eficacia de las sanciones.

Bruselas ha dado a España un plazo de dos meses para corregir estas incongruencias legales antes de proceder con el siguiente paso en el procedimiento de infracción, que podría llevar el asunto a los tribunales europeos. En caso de incumplimiento, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede imponer sanciones fuertes.

Parece que la situación de los interinos es solo la punta del iceberg. Actualmente, la Comisión también lleva a cabo un procedimiento por la discriminación que sufren estos trabajadores en términos de derechos a vacaciones y permisos en comparación con el personal fijo. En julio, se envió una segunda carta que exigía cambios inmediatos en la legislación española.

Por si fuera poco, en una reciente resolución, el Tribunal de Justicia de la UE respaldó que aquellos interinos con larga duración puedan convertirse en fijos sin ser considerados funcionarios, con el objetivo de frenar el abuso de la administración. No obstante, este fallo proviene de un caso específico que fue llevado a juicio en España y elevado a Luxembrugo.

Con cada día que pasa, la presión sobre el Gobierno español para tomar medidas efectivas aumenta. La falta de acción podría resultar en un escándalo monumental que alteraría la percepción pública sobre la gestión de los recursos humanos en el sector público. ¡La lucha por los derechos de los interinos apenas comienza!