Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea se reunirán este viernes para votar una polémica propuesta que plantea modificar la directiva actual sobre la facilitación de la migración irregular. Esta normativa ha generado un intenso debate, ya que muchos críticos advierten que podría habilitar la criminalización no solo de los migrantes, sino también de aquellos individuos y organizaciones que intentan ayudarles en situaciones de emergencia.

La propuesta busca reemplazar el viejo Paquete de Facilitadores, establecido en 2002, el cual ha sido utilizado frecuentemente como un instrumento para perseguir legalmente a ONGs y a los propios migrantes, en lugar de abordar el problema de fondo: la desesperación que impulsa a miles a arriesgar su vida al cruzar fronteras. A pesar de las demandas de organizaciones de derechos humanos durante dos décadas para incorporar una cláusula humanitaria en la normativa, el texto reciente no hace más que profundizar la criminalización de los actos de solidaridad.

La votación de este viernes podría sentar un precedente peligroso, ya que la nueva directiva deja a cada Estado miembro la responsabilidad de decidir si aplican las mismas leyes para los rescate humanitario y la trata de personas. Este enfoque erróneo, que no distingue entre un socorrista en un barco de salvamento y un verdadero contrabandista, ha generado enormes preocupaciones entre activistas y defensores de derechos humanos. Según Marta Gionco, portavoz de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (Picum), solo Alemania y España se han manifestado a favor de un artículo que proteja a los grupos de ayuda de ser criminalizados.

La ausencia de una cláusula obligatoria que asegure que la nueva normativa no se aplique a migrantes y acciones de altruismo es uno de los aspectos más controvertidos del último borrador. Con la criminalización de la migración y la solidaridad en un punto de mira, Gionco advierte que, sin salvaguardias legales, existe un riesgo real de que los Estados miembros intensifiquen los procedimientos judiciales contra aquellos que intentan ayudar a los migrantes en apuros.

El borrador anterior incluía una descripción de la tan demandada cláusula humanitaria, la cual intentaba clarificar las diferencias entre la facilitación de la migración irregular y la asistencia humanitaria. Establecía que los derechos y las obligaciones de los Estados miembros en cuanto a brindar ayuda por razones humanitarias debían ser respetadas. Sin embargo, esta definición ha desaparecido en la nueva propuesta.

La gravedad de las sanciones también es alarmante. En casos donde se demuestra que la facilitación de la entrada fue sin beneficio financiero, no se contempla prisión, pero si se encuentra algún tipo de lucro, las penas podrían ser de hasta 10 años si se producen muertes en el proceso. Esto significa que cada Estado tiene la potestad de endurecer las leyes, lo que podría derivar en un panorama legal desolador para quienes deseen ayudar a migrantes.

En su informe, Picum destaca que durante 2023 se han documentado numerosos casos de personas acusadas de tráfico de personas, incluyendo a 117 individuos que habían brindado asistencia a migrantes. Muchos de ellos han sido injustamente criminalizados; casos sonados incluyen a voluntarios que simplemente recurrieron a ayudar a llevar a cabo rescates en el mar Mediterráneo, pero que luego fueron acusados de ser parte de redes de contrabando.

La situación es alarmante, especialmente en el contexto del creciente nacionalismo y de políticas antiinmigración en varios países europeos, donde se revertirán décadas de avances en derechos humanos. Italia, en particular, se ha convertido en un país donde la criminalización de la ayuda humanitaria está en su cúspide. El gobierno de Matteo Salvini ha instaurado un clima de temor, desalentando a las ONGs que operan en el Mediterráneo a salir a salvar vidas, ante la omnipresencia de un marco legal que los pone en la mira de la justicia.

¡El futuro de la ayuda humanitaria y los derechos de los migrantes está en suspenso! La decisión que tomará la UE podría repercutir en miles de vidas. En este contexto, es fundamental que la sociedad civil y los defensores de derechos humanos sigan denunciando esta situación y exigiendo protecciones para quienes actúan para salvar vidas.