El Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) se planteó dos horas antes de emitir la primera alerta oficial, la opción de confinar a las poblaciones más afectadas por la dana que azotó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. Este polémico planteamiento surgió durante una reunión que comenzó a las 17:00 horas, donde se discutieron diversas estrategias para manejar la crisis provocada por las intensas lluvias y el desbordamiento de ríos y barrancos. De manera preocupante, en esta reunión no estuvo presente el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien llegó más tarde, a las 19:30 horas.

Entre las opciones que se discutieron, también se consideró realizar un aviso para que la población se trasladara a las plantas más altas de sus edificios, buscando así evitar el riesgo de inundaciones. Sin embargo, la alerta no se envió hasta las 20:11 horas, cuando el sistema Es-Alert notificó a todos los móviles de la zona sobre la necesidad de restringir los desplazamientos.

Este retraso en la comunicación ha generado controversia y críticas hacia el gobierno valenciano, ya que muchos consideran que una reacción más rápida podría haber mitigado los daños causados por el fenómeno meteorológico. La alcaldesa del municipio afectado, Maribel Albalat, ha expresado que "queda mucho trabajo por hacer" para volver a la normalidad, enfatizando la importancia de abrir los comercios y limpiar las calles para permitir que los niños puedan jugar de nuevo al aire libre.

La situación ha llevado a los partidos Compromís y Podemos a solicitar en el Congreso la creación de comisiones de investigación para analizar la gestión de la emergencia y la actuación del gobierno valenciano, con miras a obtener respuestas y responsabilidades por el manejo de esta crisis.

A medida que continúan las labores de búsqueda de desaparecidos y la atención a los damnificados, el Gobierno español ha aprobado ayudas que beneficiarán a miles de trabajadores afectados por la dana, con un total de 10.405 personas ya registradas para recibir apoyo a través de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor.

El escenario en Valencia es complejo, y los lideres políticos se enfrentan a una presión creciente para proporcionar respuestas y soluciones eficaces ante las secuelas de este desastre natural que ha conmocionado a la comunidad.