La influyente organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha lanzado una grave advertencia en su último informe sobre las recientes leyes de ciberseguridad y protección de datos aprobadas por el Parlamento salvadoreño, bajo el control del presidente autoritario Nayib Bukele. Estas leyes, descritas como "leyes mordaza", presentan un peligro inminente para la libertad de prensa y el derecho a la privacidad de los salvadoreños.

Según Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, "Estas nuevas leyes podrían ser utilizadas para silenciar las críticas al Gobierno bajo el pretexto de la protección de datos personales. Son una fórmula perfecta para incrementar la censura y la falta de transparencia".

Una de las leyes clave, la denominada Ley de Ciberseguridad, establece la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), cuyo director será nombrado directamente por Bukele. Esta agencia tendrá la alarmante responsabilidad de desarrollar e implementar normas de ciberseguridad, pero también de supervisar y regular la protección de datos. HRW advierte que, tal como está redactada, la ley otorga a la ACE amplios poderes para ordenar la eliminación de información sobre individuos en plataformas y sitios web, eliminando así la información crítica que podría dañar la imagen del gobierno.

Otra preocupación fundamental es la Ley de Protección de Datos, que reconoce el "derecho al olvido". Esta disposición permite que las personas soliciten la eliminación de sus datos en Internet. Sin embargo, los medios de comunicación y motores de búsqueda que no cumplan con los requisitos de exactitud podrían enfrentar multas severas, incrementando el riesgo de autocensura.

Curiosamente, estas leyes salvadoreñas tienen un sorprendente paralelismo con las represivas leyes aprobadas en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega, donde la libertad de prensa ha sido severamente restringida y la persecución de disidentes ha alcanzado niveles alarmantes. En el caso nicaragüense, cualquier crítica al gobierno se clasifica como ciberdelito, lo que ha permitido mantener una dura represión política.

El informe de HRW también destaca que la ley de protección de datos excluye de su alcance las actividades relacionadas con la "seguridad pública y la defensa", lo que podría traducirse en abusos de poder por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente en un contexto donde El Salvador enfrenta una guerra abierta contra las pandillas. Aunque el gobierno sostiene que sus medidas han reducido drásticamente los homicidios, organizaciones de derechos humanos han reportado graves violaciones, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas en prisión.

"A pesar de que la legislación incluye cláusulas que supuestamente garantizan el respeto por el debido proceso y los derechos humanos, la redacción ambigua de estas excepciones otorga a las autoridades una amplia discrecionalidad, permitiendo la publicación y el uso de datos personales bajo justificaciones poco claras de seguridad", sostiene HRW. En el clima actual de amenazas hacia periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil, estas leyes podrían convertirse en herramientas peligrosas para silenciar a quienes se atrevan a cuestionar al régimen de Bukele.

La situación en El Salvador es preocupante. Mientras el gobierno de Bukele sigue justificando sus medidas drásticas en nombre de la seguridad, la comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos deben mantenerse alerta ante los posibles abusos y la erosión constante de la libertad de expresión en la nación centroamericana.