La situación económica en España se ha vuelto crítica tras el anuncio de la Unión Europea, que ha dejado claro que el quinto tramo del plan de recuperación, que asciende a unos 25.000 millones de euros, está vinculado a la implementación de un nuevo impuesto al diésel. Si el Gobierno español no logra avanzar en esta medida antes de marzo, la Comisión Europea podría reducir la cantidad final asignada.

Recientemente, en un movimiento estratégico, el Gobierno español envió a Bruselas cambios en su plan de recuperación junto con la solicitud del quinto pago, que incluye 16.000 millones en créditos y 9.000 millones en subvenciones. Uno de los puntos más relevantes del nuevo planteamiento es la intención de adelantar la cobranza parcial de estos fondos, sobre todo en lo que se refiere a inversiones, que serán evaluadas más adelante.

En total, España tiene asignados 83.160 millones de euros del Fondo de Recuperación, además de cerca de 79.854 millones en subvenciones, de los cuales ya se han recibido 47.960 millones. Con la aprobación de este nuevo diseño por parte de los ministros de Finanzas de la UE, se espera que otros países como Chipre y Grecia sigan el mismo camino.

Sin embargo, para que el plan avance, se hace imprescindible que España complete la reforma fiscal diseñada en diciembre, que obligaría a igualar la tributación del diésel con la de otros combustibles. Esta medida fue aprobada en el Congreso, pero en su momento fracasó al ser rechazada una de las modificaciones necesarias.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado que están en diálogo constante con la Comisión y que se están haciendo progresos respecto al impuesto sobre los hidrocarburos, todo con la vista puesta en el quinto desembolso.

No olvidemos que en ocasiones anteriores, los momentos críticos han sido testigos de situaciones tensas en el Congreso, donde Podemos ha tenido un rol clave al bloquear propuestas anteriores sobre la reforma del subsidio de desempleo y, más recientemente, el impuesto al diésel. La presión sobre el Ejecutivo se intensifica, ya que los independentistas catalanes de Junts han dejado claro que no están dispuestos a respaldar ninguna iniciativa del Gobierno, complicando aún más el proceso legislativo.

Paralelamente, la reunión del Ecofin también aprobó la senda fiscal para España, que contempla un incremento medio del gasto neto del 3% anualmente durante los próximos siete años. Sin embargo, este plan también exige la aprobación del impuesto al diésel y otras medidas significativas que representen un equivalente a dos décimas del PIB, es decir, más de 3.000 millones de euros.

La pregunta sigue en el aire: ¿Logrará el Gobierno español cumplir con las exigencias de la UE y asegurar el vital quinto pago? ¡Manténgase atento a las actualizaciones!