El Ministerio de Consumo ha lanzado una investigación sobre los grandes gestores de pisos turísticos en España, sospechando de “posibles prácticas engañosas” que podrían estar afectando a miles de consumidores. Esta es ya la tercera investigación relacionada con la vivienda que lleva a cabo este departamento, dirigido por Pablo Bustinduy, dentro del marco de la ley de competencia desleal y la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios.

Las indagaciones se enfocan en empresas que administran una gran cantidad de viviendas turísticas en diversas comunidades autónomas, que aparentemente estarían gestionando sus propiedades de manera irregular. Bustinduy enfatizó la necesidad de actuar, mencionando que “hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la crisis de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen a expensas de la gente que necesita un hogar”.

El Ministro subrayó que “el Ministerio de Consumo no se quedará de brazos cruzados y buscará asegurar que estas empresas cumplan con la legalidad”. Es alarmante que haya regiones donde el 90% de los pisos turísticos operen de manera ilegal sin que se tomen medidas por las autoridades competentes. Bustinduy ha exigido una intervención política en el mercado de vivienda, enfatizando la necesidad de regular el sector de alquiler en zonas urbanas tensionadas.

La ley de competencia desleal especifica múltiples “prácticas engañosas”; por ejemplo, ofrecer derechos de los consumidores como si fueran un atributo exclusivo de la oferta o falsificar reseñas para crear una falsa impresión de satisfacción. Además, los grandes gestores de viviendas que se presentan como particulares podrían verse involucrados en estas prácticas desleales, utilizando información engañosa que induce a error a los consumidores.

Según los datos de Inside Airbnb, Madrid alberga a varios anfitriones que administran decenas o incluso cientos de pisos turísticos, algunos de ellos, como Fran y Marta Isabel, cuentan con más de 300 unidades. En Barcelona, Ezequiel y otros destacan por tener numerosos anuncios activos, sugiriendo que estas personas pueden estar operando más como empresas que como particulares residenciales.

Un estudio reciente reveló las ingresos impresionantes de gestores como Fran y Marta, quienes podrían estar facturando hasta un millón de euros al año, mientras que utilizan imágenes de familias en sus anuncios para dar una impresión más amigable y confiable. Este tipo de prácticas permite evadir obligaciones que tienen quienes actúan dentro de los límites legales, como garantizar atención al cliente.

Las organizaciones vecinales han empezado a alzar la voz. Grupos como 'Lavapiés, ¿dónde vas?' señalan que muchos de estos anfitriones no son personas comunes que alquilan una habitación para ayudar a sus finanzas, sino empresarios de grandes redes que contribuyen a la especulación y al encarecimiento de los barrios.

Esta nueva investigación se suma a una serie de acciones lanzadas por el Ministerio en respuesta a la creciente crisis de vivienda. En octubre, se anunció un proceso contra varias inmobiliarias por prácticas ilegales, y en junio se inició otro procedimiento contra plataformas que publican propiedades sin licencia. Estas medidas buscan restablecer la justicia en un sector que ha sido considerado insostenible y perjudicial para la calidad de vida de muchos ciudadanos.