Este miércoles, EAJ PNV y Junts hicieron saber su firme oposición en el Congreso de los Diputados a la prórroga del impuesto a las energéticas, un movimiento que ha dejado al Gobierno de coalición, compuesto por PSOE y Unidas Podemos, en una posición complicada. Esta decisión cuenta con el respaldo del PP, Vox y UPN, y implica que las 'arcas públicas' de España dejarán de recibir cerca de 1.000 millones de euros, un golpe significativo a las finanzas públicas en un momento ya crítico debido a la inflación y el aumento del costo de la vida. El rechazo al real decreto-ley que contenía esta medida se plasmó con 183 votos en contra frente a 165 a favor, sumando así una desventaja clara en el plano político.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió la prórroga del impuesto, señalando que era un "compromiso político" que buscaba proteger los intereses de la mayoría frente a los de grandes corporaciones. Sin embargo, su retórica encontró un eco de resistencia entre los partidos de la derecha, que priorizan lo que consideran intereses legítimos de las empresas del sector energético. Montero enfatizó que "todo partido debe responder por su voto", sugiriendo que el interés partidista no puede sobreponerse al bienestar colectivo.

Además, la ministra resaltó que el modelo fiscal en España está por debajo de la media europea, con un potencial de hasta 45.000 millones para aumentar los ingresos estatales. Es preocupante observar que sectores como la banca y la energía se han beneficiado de la crisis inflacionaria, incrementando sus márgenes de ganancias mientras las familias luchan para llegar a fin de mes. "Los impuestos son vitales para distribuir la riqueza y asegurar un bienestar social", afirmó Montero, sugiriendo que con una fiscalidad adecuada, se podrían implementar políticas efectivas en favor de los grupos más vulnerables de la sociedad.

El impuesto a las energéticas había sido diseñado originalmente en base a los “beneficios extraordinarios” obtenidos por estas empresas durante la crisis inflacionaria. Se buscaba equilibrar la balanza y asegurar que quienes más ganan, también contribuyan más al sostenimiento del sistema y la justicia social en el país.

El contraste se volvió evidente cuando el portavoz del PNV, Aitor Esteban, calificó el decreto como un "purito paripé", subrayando que las dificultades políticas actuales no justifican renunciar a la justicia en la recaudación fiscal. Ione Belarra, portavoz de Podemos, arremetió contra los beneficios obtenidos por las energéticas, enfatizando cómo estas compañías han obtenido ganancias obscenas a expensas de las familias en dificultades. "Los beneficios de las empresas están disparados, mientras los trabajadores enfrentan pérdidas inasumibles. Esto no es solo una crisis económica; es violencia económica", afirmó Belarra.

EH Bildu también se opuso rotundamente a la medida, argumentando que no se puede permitir que los intereses de grandes corporaciones, como Repsol, eclipsen las necesidades del pueblo. Oskar Matute, de este partido, destacó la necesidad de priorizar el bienestar del país por encima de los intereses partidistas. El debate en el Congreso refleja no solo una lucha política, sino también una crisis de desigualdad creciente que requiere una respuesta urgente y comprometida.

Así, el futuro de la fiscalidad en España queda en un punto crítico. La presión sobre el Gobierno de coalición para reestablecer el impuesto a las energéticas será incesante, pues las familias siguen esperando medidas que realmente protejan su economía. El rechazo a este impuesto no solo significa una pérdida de ingresos, sino también una oportunidad perdida para construir un sistema más justo y equitativo.