En los últimos años, los hospitales y centros de salud en Chile se han transformado en verdaderos focos de violencia, un fenómeno alarmante que compromete la seguridad de pacientes y trabajadores por igual. Espacios que deberían ser un refugio para la salud y la recuperación se ven amenazados diariamente por agresiones que ponen en riesgo no solo la atención médica, sino también la vida de quienes allí laboran.

Un claro ejemplo de esta crisis lo representa el Hospital Padre Hurtado, vital para la atención de salud pública en el sur de Santiago. Recientemente, su departamento de urgencias estuvo forzado a paralizarse tras sufrir una serie de violentos ataques. Uno de los incidentes más desgarradores ocurrió a finales del año pasado, cuando un tiroteo dejó a dos enfermeras heridas. La movilización de los trabajadores, bajo el lema "menos balas, más seguridad", resuena como un grito desesperado por atención y acción.

Pero esto no es un hecho aislado. Días antes del ataque en el Hospital Padre Hurtado, el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) de Los Quillayes sufrió consecutivos ataques que paralizaron la atención a la comunidad y generaron daños materiales. Desde agresiones verbales hasta ataques físicos, el personal de salud está continuamente expuesto a un ambiente hostil, lo que afecta tanto su salud mental como física. Y las consecuencias son devastadoras: los pacientes, en momento de aguda necesidad, también son privados de los servicios que requieren.

La gran pregunta que surge es: ¿quién se hará responsable de esta escalofriante situación? ¿Hasta cuándo permitiremos que los hospitales se transformen en verdaderos campos de batalla? Es crucial implementar un enfoque integral que no solo contemple medidas de seguridad efectivas y protocolos estrictos, sino que también promueva la revalorización del rol del personal sanitario. Se requieren controles de acceso más rigurosos, un incremento en la seguridad y campañas educativas que sensibilicen a la ciudadanía sobre la importancia de proteger estos espacios vitales.

El Estado y las instituciones tienen la obligación de garantizar un entorno laboral digno y seguro para los trabajadores de la salud. Las palabras de aliento son insostenibles ante la creciente inseguridad, que se suma al agotamiento físico y mental de los profesionales. Es necesario que se tomen acciones concretas para respaldar a quienes, en medio de esta crisis, continúan laborando con dedicación y compromiso. Normalizar la violencia no es una opción.

La situación del sistema de salud pública chileno está en un estado crítico. La inacción no solo pone en peligro la integridad de los profesionales de la salud, sino que amenaza la misma esencia de un sistema que, pese a sus deficiencias, sigue siendo un pilar esencial para millones de chilenos. ¡Es hora de actuar! Autoridades, instituciones y la sociedad civil deben asumir su responsabilidad y trabajar en conjunto para poner fin a esta alarmante problemática que se gesta en el corazón de nuestro país!