Recientemente se han instalado cámaras de seguridad de manera artesanal en el sector de Andalué en San Pedro de la Paz, un área de la región del Biobío, generando gran controversia entre las autoridades locales y la comunidad. Lo que inicialmente parecía ser un intento de mejorar la seguridad, se ha convertido en un tema de discusión y desacuerdo entre diferentes entidades.

Las cámaras, que fueron retiradas por Carabineros debido a su controvertida instalación, estaban asociadas a una empresa de ingeniería de estudios viales. Esta empresa había recibido autorización del Ministerio de Transportes, pero el municipio se queja de que la Seremi nunca notificó sobre la colocación de estos dispositivos.

El alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guiñez, expresó su enojo ante la falta de comunicación por parte del Ministerio de Transportes, señalando que esta omisión podría haber puesto en riesgo no solo la seguridad de los ciudadanos, sino también la confianza en las instituciones públicas.

Un oficial de Carabineros, el teniente Richard Castillo, explicó que, según la información proporcionada por la empresa, las cámaras fueron instaladas como parte de un estudio de tráfico vehicular, destinado a recopilar datos para futuros proyectos inmobiliarios en la zona. Sin embargo, este no es el único aspecto preocupante. Las autoridades locales han manifestado su preocupación sobre cómo la instalación de este tipo de dispositivos podría afectar la privacidad de los ciudadanos.

Por su parte, la Secretaría Regional Ministerial de Transportes (Seremi) aclaró que no son responsables de otorgar autorizaciones para la instalación de cámaras de vigilancia contratadas por empresas privadas. Esto plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las empresas en la comunicación con las autoridades locales.

Además, el Sistema de Evaluación de Impacto de la Movilidad (Seim) cuenta con un Registro de Consultores que deben cumplir con diversas normativas para llevar a cabo sus investigaciones y mediciones. La falta de coordinación en este caso subraya la necesidad de una mayor transparencia y colaboración entre las diferentes entidades involucradas en la planificación urbana.

La situación ha llevado a un llamado de atención por parte de los vecinos que demandan mayor claridad y consenso en las decisiones que afectan su seguridad y privacidad. ¿Cómo responderán las autoridades a estas preocupaciones? ¿Podría este incidente llevar a cambios en la regulación sobre la instalación de cámaras de seguridad en áreas públicas? Lo cierto es que la comunidad está más atenta que nunca.