En un giro impactante de los eventos, el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue entregado este miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI) después de su llegada a Países Bajos. Esta noticia la confirmó el tribunal, que había emitido una orden de arresto contra él debido a supuestos crímenes cometidos durante su violenta campaña contra el narcotráfico que dejó decenas de miles de muertos, en su mayoría de personas en situación de pobreza, muchas veces sin pruebas de su implicación en actividades delictivas.

A sus 79 años, Duterte se desempeñó como un líder polémico y polarizante. Su administración se caracterizó por una guerra contra las drogas que fue criticada internacionalmente por violaciones a los derechos humanos y el uso de la fuerza excesiva. Luego de su llegada, Duterte manifestó en un video que él era el responsable de dirigir a las fuerzas del orden y al ejército, afirmando: "Dije que les protegería y asumo mi responsabilidad".

El fiscal de la CPI, Karim Khan, subrayó que el arresto de Duterte es "un paso importante" para las víctimas y defendió la independencia de las investigaciones de la corte. Las declaraciones de Khan resaltan la relevancia del caso, el cual podría sentar un precedente en la rendición de cuentas por crímenes contra la humanidad.

El avión que trasladó a Duterte desde Filipinas hizo escalas, incluida una en Dubái, donde se realizaron chequeos médicos y la gestión de documentos para todos los pasajeros. Se anticipa que la primera comparecencia de Duterte ante la CPI ocurra en los próximos días, en un juicio que se espera atraiga la atención internacional y podría tener repercusiones significativas en la política filipina y en la postura de otros líderes sobre los derechos humanos.

Los jueces de la CPI han indicado que existen "motivos razonables" para creer que miembros del Escuadrón de la Muerte de Davao, conocido como DDS, junto con la policía filipina, llevaron a cabo operaciones letales contra muchas personas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019. Dado que Duterte fue alcalde de Davao y luego presidente durante ese período, la CPI considera que tuvo un papel crucial en estas actividades.

Es relevante mencionar que, ante el temor de enfrentar a la CPI, Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma en marzo de 2019, pero esa decisión no afecta la jurisdicción de la corte sobre crímenes cometidos antes de dicha fecha. Este caso no solo tiene implicaciones para Duterte, sino que también pone de relieve la necesidad de justicia para las víctimas de la guerra contra las drogas en Filipinas.

Las repercusiones de este acontecimiento podrían resonar a nivel mundial, ya que las naciones comienzan a cuestionar la impunidad de los líderes políticos. Con el avance del tiempo, el desenlace del juicio podría desatar un debate más amplio sobre los derechos humanos en todo el mundo. ¿Estamos a punto de vivir un cambio en la narrativa global sobre la justicia y la rendición de cuentas?