El Gobierno y la comisión de Economía del Senado han llegado a un acuerdo crucial para acelerar la tramitación de permisos relacionados con proyectos de inversión. Esta decisión busca reducir drásticamente los plazos de autorización, algo que ha sido un tema candente y motivo de frustración entre los empresarios y desarrolladores en el país.

La iniciativa, que ya está en su segunda tramitación legislativa, ha llevado a una serie de seminarios donde participan tanto el sector público como el privado. Este diálogo ha permitido que las diferentes partes aporten diagnósticos y propuestas, marcando un avance significativo hacia la reforma que todos esperan.

Los equipos técnicos se han puesto de plazo el 13 de enero para llegar a un consenso sobre 10 puntos críticos del proyecto de ley. Una de las novedades más esperadas es la tramitación en paralelo. Esto significa que ningún servicio podrá exigir autorizaciones adicionales que no estén contempladas en la ley, eliminando trabas burocráticas innecesarias.

Además, se establecerán medidas que garantizan la estabilidad de los criterios y reglamentaciones durante la tramitación y ejecución del proyecto, un cambio que se veía urgente y necesario. El presidente de la comisión de Economía, Rojo Edwards, describió este proceso como "complejo, pero bien estructurado", y destacó la colaboración entre el ministerio y los senadores para plasmar las necesidades en cambios significativos.

Uno de los focos destacados del protocolo es la incorporación de plazos obligatorios para la tramitación de permisos, lo que significa que las solicitudes no pueden quedar en el aire sin resolución. La digitalización también jugará un papel fundamental, con la obligatoriedad de utilizar el Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales (SUPER), asegurando que las decisiones sean coherentes y no arbitrarias entre distintos sectores y regiones del país.

Edwards también subrayó que, aunque se espera cumplir con la reducción de plazos, algunos ajustes fueron necesarios. "Si hubiera dependido de mí, habríamos eliminado una serie de regulaciones", afirmó el senador, sugiriendo que existe espacio para mejoras en futuras propuestas legislativas.

El protocolo incluye además medidas para fortalecer la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión. Se exigirá que el director de esta oficina entregue semestralmente un informe al Presidente de la República sobre el cumplimiento de las normas que rigen las autorizaciones, y se reforzará la obligación de los servicios sectoriales de proporcionar información a tiempo.

Si alguna vez has sentido que la burocracia te ha estancado, esta reforma promete ser un cambio radical. Con la mirada fija en transformar el entorno de inversión y reactivar la economía, los tiempos de espera podrían ser parte del pasado. A medida que se avanza hacia la implementación de este acuerdo, la comunidad empresarial aguarda ansiosa la reducción efectiva de los obstáculos que han limitado el desarrollo de proyectos clave en el país.