Recientemente, el gobierno de Perú ha implementado un estado de emergencia en Lima y Callao, permitiendo el despliegue de militares para asistir a la Policía Nacional en la contención de la delincuencia. Esta no es una medida sin precedentes, ya que se utilizó anteriormente bajo el gobierno de Dina Boluarte debido al alarmante aumento de la violencia y la delincuencia organizada.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la efectividad de esta estrategia ha sido cuestionada por expertos en seguridad. La situación es crítica, como lo demostró el trágico asesinato del cumbiambero Paul Flores García, conocido como 'Russo', durante un violento atentado en el este de Lima. Este incidente subraya la persistente crisis de seguridad que atraviesa el país sudamericano.

Durante el mismo día en que se declaró el estado de emergencia, se reportaron cuatro muertes en Lima debido a ataques armados, lo que pone en duda la eficacia de los militares en el control de la criminalidad. Expertos como el exministro del Interior, José Elice, resaltan que si bien el estado de emergencia puede tener un efecto momentáneo, no aborda las causas fundamentales de la delincuencia, como la corrupción, la falta de educación y oportunidades de empleo, que son elementos crucibles en la proliferación del crimen.

La falta de confianza en las instituciones tiene un papel fundamental en este problema. Según encuestas, más del 85% de los peruanos desconfían del Poder Judicial y un 73% de la fiscalía, lo cual contribuye a la sensación de impunidad y a la ineficacia del sistema judicial. Las cifras de homicidios han escalado a niveles alarmantes, alcanzando una tasa de 6,03 por cada 100.000 habitantes en 2024, más del doble en comparación con años atrás.

En los distritos de Lima donde se han implementado estas medidas, los alcaldes muestran opiniones divergentes. Por ejemplo, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, fue contundente al declarar que la estrategia no ha ofrecido resultados positivos. En contraste, Jhovinson Vásquez, alcalde de Ventanilla, apoya la medida, pero enfatiza la necesidad de estrategias complementarias que aseguren una reducción real y sostenida de la criminalidad, lo que incluye mayor inversión en inteligencia policial.

La pregunta persiste: ¿es factible replicar en Chile el modelo de estado de emergencia utilizado en Perú? Algunos analistas opinan que, aunque las medidas de emergencia pueden ofrecer soluciones temporales, no tocan las raíces del problema, lo que podría ser contraproducente en un país donde la situación de seguridad es menos crítica que en Perú. Las soluciones efectivas deben ser integrales, involucrando tanto a las fuerzas del orden como a las comunidades, además de abordar cuestiones sociales que alimentan la delincuencia.

El dilema es claro: una estrategia militar para combatir la delincuencia puede servir como un paliativo, pero a la larga, solo un enfoque integral que considere todos los factores involucrados en el crimen podrá asegurar un cambio duradero en la seguridad de ciudadanía.